El Juzgado de Instrucción procesa al exconsejero Francisco Vallejo por ayudas irregulares al Grupo TPM

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto de procesamiento contra el exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, y otros 17 antiguos altos cargos de la administración autonómica. La resolución judicial investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos relacionados con la concesión de avales a la sociedad Grupo TPM, Inversiones Plásticas, a través de la agencia pública IDEA.

El magistrado ha acordado la continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado tras analizar ayudas de salvamento y reestructuración que ascienden a un importe aproximado de 1,2 millones de euros. Según recoge el auto, estas cuantías se habrían otorgado presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes establecidos en la normativa legal.

La investigación judicial sostiene que responsables vinculados a la agencia pública IDEA y a la consejería de adscripción habrían utilizado de manera ilícita la figura de los avales, tanto los excepcionales como los regulados para empresas en crisis. El instructor califica la llegada de estos fondos públicos al Grupo TPM como «absolutamente injustificada y arbitraria», señalando graves deficiencias en el procedimiento administrativo.

Entre las irregularidades detectadas destaca que las ayudas se tramitaron presuntamente sin una solicitud formal por parte de la empresa beneficiaria y sin la existencia de informes técnicos de viabilidad. Además, el magistrado subraya que la sociedad mercantil se encontraba en concurso voluntario de acreedores desde el año 2005, una situación que, según la normativa, debería haber condicionado la recepción de incentivos públicos.

Asimismo, el auto alude a una concurrencia irregular de estas ayudas con otras subvenciones sociolaborales o destinadas a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por la propia agencia IDEA. Esta duplicidad de fondos públicos habría reforzado el carácter excepcional de la operativa bajo sospecha durante el periodo analizado por el tribunal.

Con la notificación de esta resolución, el juzgado da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en un plazo de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral mediante el correspondiente escrito de acusación. En este periodo, las partes también podrán interesar el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para la instrucción.