PSOE y Sumar acuerdan un nuevo decreto de vivienda con prórrogas de alquiler hasta 2028
Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han alcanzado un acuerdo para aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 28 de julio un nuevo decreto ley en materia de vivienda. La norma central de esta iniciativa es la inclusión de una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de arrendamiento que venzan antes del 30 de junio de 2028, una medida que busca ofrecer estabilidad contractual a los inquilinos en el actual contexto de mercado.
Esta «prórroga reforzada», que deberá ser solicitada expresamente por la parte arrendataria, amplía en casi un millón de personas el espectro de potenciales beneficiarios. Según fuentes gubernamentales, el texto normativo no solo se limita a la extensión de los plazos contractuales, sino que también aborda la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones para evitar el uso fraudulento de estas modalidades como método para eludir la Ley de Vivienda.
En el plano fiscal y sancionador, el decreto contempla un incremento de la tributación para los pisos turísticos, elevando el IVA de este servicio hasta el 21%. De forma complementaria, el Ejecutivo endurecerá el régimen sancionador aplicable a la publicidad de este tipo de alojamientos en plataformas digitales, con el objetivo de desincentivar el alquiler vacacional en favor del residencial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Una vez aprobado por el Gobierno, el Ministerio de Vivienda deberá afrontar el reto de la convalidación en el Congreso de los Diputados. Para ello, resultará imprescindible el apoyo de los socios de investidura, con especial atención a Junts, formación que el pasado mes de abril impidió la convalidación de una prórroga anterior al votar en contra junto a PP y Vox. En aquella ocasión, el decreto fue derogado apenas un mes después de su entrada en vigor ante la falta de mayoría parlamentaria.
El borrador incluido en el acuerdo contempla además medidas específicas para la protección de familias en situación de vulnerabilidad. Esta sección del texto, que será objeto de negociación con los grupos parlamentarios, persigue el establecimiento de mecanismos que eviten desahucios sin alternativa habitacional. No obstante, este punto suscita posiciones encontradas en la Cámara, con exigencias de blindaje por parte de Podemos y reticencias manifestadas previamente por el PNV y Junts.
Desde el Ejecutivo subrayan que este conjunto de actuaciones pretende ofrecer una solución integral al acceso a la vivienda, identificado como una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Las proyecciones oficiales estiman que, sumando las sucesivas prórrogas aprobadas, el alcance total de estas medidas podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares en todo el territorio nacional.
