El PSOE urge al CGPJ a abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por el caso Begoña Gómez
La Secretaría de Organización del PSOE ha manifestado este lunes que existen motivos «más que suficientes» para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inicie un expediente disciplinario contra el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez. La formación considera que una ausencia de medidas por parte del órgano de gobierno de los jueces resultaría «incomprensible» ante las últimas decisiones adoptadas en el marco de la investigación.
Rebeca Torró, secretaria de Organización socialista, ha trasladado este posicionamiento mientras la Comisión Permanente del CGPJ analizaba la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La dirigente ha señalado que la formación se mantendrá firme en su labor de gestión gubernamental frente a lo que califica como una «desmesura» en el procedimiento judicial que atañe a la esposa del presidente del Gobierno.
La Comisión Permanente del CGPJ acordó, en su reunión de este lunes, remitir las actuaciones al promotor de la acción disciplinaria. Este órgano deberá evaluar si el magistrado Peinado incurrió en alguna falta de carácter grave tras sus recientes señalamientos hacia los agentes encargados de la seguridad de Begoña Gómez. El instructor había sugerido en sus escritos que los escoltas, bajo órdenes de sus superiores jerárquicos, podrían facilitar un eventual riesgo de fuga de la investigada.
Este movimiento institucional se produce después de que el juez Peinado dictara el auto de apertura de juicio oral contra Gómez, imponiéndole medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. La resolución judicial justifica estas restricciones basándose en la capacidad de desplazamiento de la investigada y en el control institucional sobre sus servicios de protección.
Desde la sede de Ferraz, la cúpula del PSOE ha reafirmado que estas actuaciones judiciales no alterarán la agenda del Ejecutivo. Torró ha zanjado que la prioridad del partido sigue siendo el desarrollo de políticas públicas, desmarcándose de la controversia jurídica generada por el magistrado instructor y advirtiendo de que las presiones externas no condicionarán la estabilidad de la legislatura.
