El PSOE solicita a la Audiencia Nacional limitar el acceso a la investigación sobre sus cuentas bancarias

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha remitido un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, solicitando que el acceso a la pieza separada de carácter económico en el denominado «caso Leire» quede restringido exclusivamente a la Fiscalía. La formación política demanda, asimismo, que se proceda al expurgo de cualquier dato personal o bancario que no guarde relación directa con los hechos investigados, con el objetivo de evitar filtraciones a la opinión pública.

Esta petición surge tras la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de ordenar el rastreo de 81 cuentas bancarias. Entre los titulares de estos depósitos se encuentran el propio partido, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. La investigación judicial trata de determinar si se emplearon fondos de la organización para financiar presuntas maniobras destinadas a interferir en causas judiciales que pudieran afectar a intereses del partido o del Gobierno.

En su escrito de alegaciones, los servicios jurídicos del PSOE subrayan la importancia de extremar las cautelas procesales. Argumentan que la información solicitada a doce entidades bancarias es de carácter genérico y contiene multitud de movimientos financieros que afectan a terceras personas y entidades ajenas al procedimiento. Según la formación, la difusión de estos datos vulneraría el derecho a la intimidad de sujetos que no tienen vinculación alguna con las pesquisas judiciales.

La diligencia judicial se centra en la sospecha de que se habrían abonado al menos 43.225 euros a Leire Díez a través de intermediarios. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizan si estos pagos, realizados supuestamente con recursos del partido, formaban parte de una estructura diseñada para el boicot de procedimientos judiciales. El juez Pedraz ya había decretado la apertura de una pieza separada precisamente para proteger la sensibilidad de los datos económicos, una medida que el PSOE considera necesaria pero insuficiente.

Por su parte, el PSOE ha recordado al magistrado que ya ha colaborado previamente identificando las cuentas desde las que se emitieron pagos a los actuales investigados. La formación sostiene que, de haberse producido pagos para fines no estatutarios, estos se habrían realizado de manera ilegítima y al margen de la organización oficial. En el texto remitido al juzgado, el partido reitera su disposición a seguir colaborando con la justicia, defendiendo una gestión transparente de sus recursos financieros.

El caso continúa su curso en la Audiencia Nacional, a la espera de que el magistrado resuelva sobre las medidas de protección solicitadas y se analice la documentación bancaria remitida por las entidades financieras para esclarecer el origen y destino final de los fondos bajo sospecha.