El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado este martes una solicitud formal para acceder al expediente completo relativo a la situación administrativa de la Casa Árabe. La petición exige la entrega de toda la documentación técnica, jurídica y administrativa que sustenta la orden de desalojo de las Escuelas Aguirre, tras las recientes afirmaciones del Gobierno local sobre la situación del inmueble.
El concejal del PSOE-M, Pedro Barrero, ha instado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a aportar los informes técnicos que acrediten el «riesgo cierto para las personas» que el regidor ha invocado para justificar la urgencia del desalojo. La formación de la oposición reclama transparencia sobre el acto administrativo que ordena el cese de actividad y solicita detalles específicos sobre el proyecto de obras, presupuesto y plazos de ejecución de las intervenciones anunciadas por el consistorio.
La controversia institucional se ha agudizado tras el vencimiento este martes del plazo otorgado por el Ayuntamiento para que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación abandonara el edificio. El alcalde madrileño ha calificado la permanencia del organismo como una «ocupación ilegal» y ha advertido de que la responsabilidad legal ante cualquier incidente estructural recaerá directamente sobre el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado los términos de la acusación municipal, negando que la ocupación sea irregular. En este contexto de conflicto entre administraciones, alumnos y simpatizantes de la institución se han concentrado en los jardines de las Escuelas Aguirre para manifestar su rechazo al desalojo y defender la continuidad de la actividad cultural y diplomática que Casa Árabe desarrolla en esta sede desde hace casi veinte años.
Desde el Grupo Municipal Socialista se ha subrayado la importancia estratégica de la Casa Árabe para el prestigio diplomático de Madrid. Los representantes de la formación han criticado lo que consideran una judicialización innecesaria de la relación con el Gobierno de España y han defendido que la prioridad debe ser el mantenimiento de las instituciones culturales de referencia en la ciudad bajo un marco de seguridad jurídica y transparencia informativa.
