El PSOE solicita una prórroga a la Audiencia Nacional para entregar la documentación sobre sus asesores legales
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, una ampliación del plazo para entregar la relación de sus vínculos contractuales con abogados, consultores y despachos jurídicos entre los años 2021 y 2025. La formación alega que la actual carga de trabajo derivada de la campaña electoral limita su capacidad de respuesta administrativa.
En un escrito remitido al juzgado en el marco del denominado «caso Leire», la representación legal del partido argumenta que la actividad propia del periodo electoral está «mermando» su operatividad inmediata. Esta petición se produce después de que el juez Pedraz otorgara un plazo improrrogable de 48 horas, tras un requerimiento inicial efectuado el pasado 6 de octubre que no recibió contestación por parte de la formación política.
Además de la logística electoral, el PSOE ha trasladado al instructor que la demora responde a la necesidad de esperar un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Española. El partido busca determinar si la información requerida por la Audiencia Nacional podría entrar en conflicto con el secreto profesional, dado que afecta a la relación técnica y estratégica con diversos profesionales del sector jurídico.
Alberto Cachinero, coordinador jurídico de la formación, ha señalado en el documento que la recopilación de los datos es un proceso complejo que involucra a múltiples personas ajenas a la organización. Según el escrito, el cumplimiento del requerimiento exige cautela para evitar que los derechos e intereses de terceros puedan verse lesionados si se produjera una difusión pública de los datos solicitados por el magistrado.
El requerimiento judicial se inscribe en las diligencias del «caso Leire», en el que se investigan posibles irregularidades en contrataciones. La Audiencia Nacional busca esclarecer la estructura de servicios externos contratados por el partido durante los últimos cuatro años para determinar su relevancia en el objeto de la instrucción penal.
