El PSOE desmiente la entrega de efectivo tras la declaración de Koldo García ante el Supremo

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado categóricamente este jueves que la formación socialista haya realizado pagos en efectivo mediante billetes de 500 euros. Esta reacción se produce tras la comparecencia de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, ante el Tribunal Supremo, donde afirmó haber recibido dichas cantidades como reembolso de gastos anticipados durante su etapa vinculada al partido.

Torró, a través de sus canales oficiales, calificó las declaraciones de García como «mentiras» y las enmarcó dentro de una «estrategia de defensa» procesal. La dirigente socialista subrayó que el partido «nunca ha entregado» este tipo de moneda y reiteró la disposición de la organización para colaborar con la justicia en el marco del proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia.

Testimonio sobre las «chistorras»

Durante la sesión judicial, Koldo García explicó que el término «chistorras», utilizado en conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hacía referencia a billetes de 500 euros. Según su testimonio, estos fondos procedían tanto del PSOE, para saldar gastos que él habría adelantado, como de cambios realizados a miembros de la Guardia Civil que preferían no portar billetes de tan alta denominación.

En su declaración, García también hizo referencia a una deuda pendiente de aproximadamente 30.000 euros por parte del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para quien trabajó como asesor principal. El proceso actual también involucra al comisionista Víctor de Aldama, en una causa que busca esclarecer el rastro del dinero y las posibles comisiones derivadas de la compra de material sanitario.

Transparencia y trazabilidad bancaria

Fuentes oficiales del PSOE han reforzado la postura de Torró señalando que la formación es «el partido más fiscalizado de España». En un comunicado institucional, han remarcado que las cuentas de la organización son públicas y legales, y que cada movimiento de fondos cuenta con una trazabilidad bancaria completa que impide el uso de dinero opaco o entregas de efectivo no registradas.

Desde el partido se ha insistido en que, desde que se hicieron públicas las primeras investigaciones del caso, la respuesta institucional ha sido la de facilitar la labor judicial y administrativa. «Cada euro está controlado y verificado», han subrayado las mismas fuentes, desvinculando cualquier gestión financiera de las afirmaciones vertidas por el exasesor en sede judicial.

El Tribunal Supremo continúa con la toma de declaraciones para determinar el alcance de las operaciones financieras de la red y el posible conocimiento o participación de cargos públicos en la gestión de estos fondos durante los ejercicios bajo investigación.