El PSOE-M denuncia opacidad tras la negativa de la Comunidad de Madrid al expediente del ático para Presidencia
La empresa pública Planifica Madrid ha rechazado la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista para acceder al expediente de compra del ático de 6,3 millones de euros adquirido el pasado mes de abril. El inmueble, que originalmente iba a ser utilizado como despacho temporal por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante las obras de la Real Casa de Correos, será finalmente enajenado tras la controversia suscitada por su adquisición.
La operación inmobiliaria, que no se hizo pública en el momento de su ejecución, trascendió a finales de julio, motivando que el Gobierno autonómico anunciara la venta del activo por un precio de salida de 6,69 millones de euros. Según el Ejecutivo regional, la cuantía obtenida se destinará a financiar las labores de recuperación de la sierra oeste de Madrid, afectada recientemente por diversos incendios forestales.
La diputada del PSOE-M, Tatiana Jiménez, solicitó formalmente la documentación el 6 de agosto a través de un correo electrónico dirigido a la entidad dependiente de la Consejería de Presidencia. La formación socialista sostiene que el inmueble es un «piso de lujo» que carece de la habilitación normativa necesaria para ser empleado como sede de oficinas administrativas.
En un burofax fechado el 21 de agosto, Planifica Madrid fundamentó su negativa esgrimiendo que cualquier petición de información relativa al Gobierno debe realizarse siguiendo los cauces reglamentarios establecidos en la Asamblea de Madrid. Este argumento administrativo remite el control de la operación a la vía parlamentaria ordinaria en lugar de la entrega directa de la documentación solicitada.
La portavoz parlamentaria del PSOE-M, Mar Espinar, ha calificado esta respuesta como una «falta de transparencia» por parte de la administración regional. Espinar ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la Mesa de la Asamblea, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, bloquee el acceso a una información que, según el marco legal vigente, debería ser de carácter público.
El caso se produce en un contexto de escrutinio sobre la gestión patrimonial de la Comunidad de Madrid, mientras el Ejecutivo insiste en que el procedimiento de venta actual garantiza el retorno de la inversión y la utilidad pública de los fondos hacia la reconstrucción medioambiental de la región.
