El PSOE manifiesta su preocupación ante la suspensión cautelar del voto para los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática
La comisión ejecutiva federal del PSOE ha expresado este lunes su inquietud tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender, de forma cautelar, la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. La formación socialista defiende la plena vigencia del derecho al sufragio para estos nuevos nacionales y cuestiona los argumentos jurídicos que fundamentan la paralización de su registro electoral.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha calificado el voto como un derecho «sagrado» y ha rechazado que la incorporación de estos ciudadanos al censo pueda suponer un riesgo para el sistema democrático. Según Mínguez, establecer distinciones entre españoles con derecho a voto y aquellos cuya participación queda suspendida supone la creación de «españoles de primera y de segunda», una situación que considera superada en la etapa democrática actual.
La resolución del Alto Tribunal que ha motivado la reacción socialista sostiene que la inscripción masiva de los nacionalizados bajo la denominada «ley de nietos» podría generar un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de los procesos electorales. El auto judicial subraya que permitir el voto a estos nuevos inscritos podría alterar el «resultado electoral deseado» por los ciudadanos que ya figuraban correctamente en el censo con anterioridad.
Ante este razonamiento, la portavoz socialista ha cuestionado la terminología empleada por el Supremo, preguntándose a qué se refiere el tribunal con la expresión «resultado electoral deseado». Desde Ferraz se insiste en que el Gobierno mantiene su confianza en la solidez de las instituciones y reclama una resolución ágil de este conflicto jurídico para garantizar que todos los ciudadanos con nacionalidad reconocida puedan participar en las próximas citas electorales.
El debate sobre esta suspensión cautelar ha elevado el tono de las críticas hacia determinados sectores de la judicatura. Mientras que Mínguez ha pedido respetar la independencia judicial, ha señalado que dicha independencia «no significa inmunidad» y debe ir acompañada de una apariencia de imparcialidad. En este sentido, ha recordado la trayectoria del magistrado ponente de la resolución, Antonio Narváez, mencionando su participación previa en actos vinculados a otras formaciones políticas.
Esta controversia se suma a las declaraciones de otros miembros del Ejecutivo, como el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha calificado la medida cautelar como un «atropello democrático». La formación mayoritaria del Gobierno vincula estas decisiones judiciales con un clima de tensión institucional en el que, a su juicio, se estarían utilizando criterios desiguales en la celeridad y tratamiento de diversas causas judiciales que afectan al ámbito político.
Por último, desde el PSOE se ha reiterado el llamamiento a la ciudadanía para mantener la confianza en la gestión del Ejecutivo, al tiempo que se ha reprochado a la oposición el uso de crisis institucionales para obtener rédito político. El partido confía en que la tramitación del fondo del asunto en el Tribunal Supremo se resuelva conforme al principio de universalidad del voto recogido en la Constitución Española.
