El presidente del Puerto de Ceuta denuncia «falta de liderazgo político» ante la crisis migratoria
Juan Manuel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, ha manifestado este viernes su preocupación por la gestión de la emergencia migratoria en la ciudad autónoma, denunciando una situación de «desamparo» y «falta de rumbo» tras 50 días de crisis. Las declaraciones coinciden con el inicio del traslado de los inmigrantes ubicados en las playas de El Trampolín y Benítez hacia las instalaciones portuarias, una medida que el responsable del puerto considera perjudicial para la actividad económica local.
Durante una comparecencia pública, Doncel ha expresado una «sensación de desolación total», señalando que las instituciones han ignorado las advertencias previas sobre el deterioro de la situación en la frontera. El presidente portuario ha criticado que, mientras los organismos europeos alertan sobre la gravedad del escenario, las distintas administraciones españolas permanecen en un «bucle» de derivación de responsabilidades que, a su juicio, perjudica tanto a Ceuta como al conjunto del Estado.
Respecto al operativo de traslado, Doncel ha subrayado que la urgencia de la respuesta pone de manifiesto carencias en la coordinación institucional. «Es una obligación atender a estas personas, eso nadie lo discute, pero una cosa es hacer frente a ese fenómeno y otra es un ataque a uno de los pulmones económicos de Ceuta», ha afirmado el presidente, quien también ha lamentado la falta de comunicación oficial por parte de las autoridades, asegurando que tuvo conocimiento de las medidas a través de la prensa.
En el ámbito operativo, el traslado hacia la zona industrial que desemboca en el puerto ha registrado momentos de tensión. El avance de los grupos de inmigrantes por la carretera costera obligó al despliegue de refuerzos de la Policía Nacional para contener a la multitud y asegurar el perímetro del dispositivo de acogida. Doncel ha evitado valorar escenarios de mayor gravedad, como la elevación de la emergencia al nivel 3, pero ha reiterado el riesgo que supone el bloqueo operativo de las infraestructuras portuarias.
Este movimiento de personas se produce en un contexto de complejidad jurídica, después de que la Audiencia Nacional rechazara este jueves la suspensión cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El sindicato pedía paralizar la instalación de un centro de acogida de 16.000 metros cuadrados —previsto para albergar a un millar de personas— alegando razones de seguridad y dudas sobre la compatibilidad portuaria del recinto.
La controversia institucional se ha visto acrecentada por el reciente cese del abogado del Estado, Alejandro Geronico, quien había advertido formalmente sobre las posibles consecuencias legales de la resolución del Ministerio de Transportes. Dicha resolución autoriza la ocupación del dominio público portuario hasta el 31 de diciembre para la gestión de la crisis migratoria, una decisión que la Autoridad Portuaria de Ceuta observa con reservas ante el impacto sostenido en la logística y el comercio de la ciudad.
