Puigdemont y los exconsellers denuncian ante la Comisión Europea el incumplimiento de la ley de amnistía

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, ha formalizado una denuncia ante la Secretaría General de la Comisión Europea contra el Reino de España. El escrito alega un incumplimiento sistemático de la ley de amnistía tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando la intervención urgente del organismo comunitario ante lo que consideran una vulneración de los tratados fundamentales de la Unión.

La defensa jurídica, representada por el abogado Gonzalo Boye, sostiene que se ha producido una suspensión de facto de los plazos legales previstos para la aplicación de la medida de gracia. Según el documento remitido a Bruselas, la reapertura de trámites de alegaciones por parte de las autoridades judiciales españolas no solo resulta innecesaria, sino que contravendría de forma directa los criterios establecidos por el TJUE en su último pronunciamiento sobre la materia.

El escrito pone el foco en la actuación del Tribunal de Cuentas, que el pasado lunes emitió una providencia en la que, si bien recogía las indicaciones del tribunal europeo, evitaba la aplicación inmediata de la amnistía al conceder un plazo de diez días a las partes. Los denunciantes instan a la Comisión a actuar con celeridad debido a la incidencia de este retraso sobre las medidas cautelares vigentes, que en el caso de los recurrentes ascienden a más de 9,5 millones de euros.

Desde la representación legal de los líderes de Junts se argumenta que esta postura procesal vulnera el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, relativo al principio de cooperación leal. Dicho precepto obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados y a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro la consecución de los objetivos de la Unión y la aplicación efectiva de las sentencias del TJUE.

Finalmente, la denuncia subraya que el presunto incumplimiento deliberado de una resolución judicial europea por parte de un órgano jurisdiccional nacional, acompañado de lo que califican como una «tergiversación pública mediante notas de prensa oficiales», afecta directamente a los valores del Estado de Derecho. El caso queda ahora supeditado al análisis que realice la Comisión Europea para determinar si existen fundamentos para iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado español.