jueves, noviembre 19, 2026
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Puigdemont: dejar de ser español y ser alcalde de Amer

La renuncia a la nacionalidad española: requisitos legales y consecuencias políticas para Carles Puigdemont

La reciente manifestación de voluntad de Carles Puigdemont de renunciar a la nacionalidad española ha situado el marco normativo del Código Civil en el centro del debate institucional. El expresidente de la Generalitat, residente en Bélgica desde octubre de 2017, ha expresado su deseo de desvincularse legalmente de la condición de ciudadano español, una decisión que, de ejecutarse, conllevaría profundas implicaciones en su capacidad de sufragio pasivo y en su estatus de residencia en Cataluña.

De acuerdo con el artículo 24.2 del Código Civil español, la renuncia expresa a la nacionalidad es un procedimiento legalmente viable para individuos emancipados que residan habitualmente en el extranjero y posean otra nacionalidad. Por tanto, para que Puigdemont pueda formalizar este desistimiento, debe obtener previamente la ciudadanía belga. Este proceso requiere acreditar un periodo de residencia legal que, según la legislación de Bélgica, oscila entre los cinco y los diez años, además de demostrar conocimientos lingüísticos e integración social en el país de acogida.

En el ámbito político, la pérdida de la nacionalidad española supondría una limitación fundamental para sus aspiraciones en la administración autonómica y estatal. El ordenamiento jurídico español exige la condición de nacional para ejercer el derecho al voto y para concurrir como candidato en las elecciones al Parlamento de Cataluña y a las Cortes Generales. En consecuencia, Puigdemont no podría ser investido nuevamente como presidente de la Generalitat ni ostentar un acta de diputado en el Congreso mientras mantuviera únicamente la ciudadanía belga.

No obstante, su estatus como ciudadano de la Unión Europea le permitiría mantener derechos significativos en territorio español. Bajo la protección de los tratados comunitarios, podría residir en Cataluña sin necesidad de un permiso de extranjería ordinario, siempre que cumpla con los requisitos de recursos económicos y cobertura sanitaria para estancias superiores a tres meses. Asimismo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) faculta a los ciudadanos comunitarios para ser electores y elegibles en los comicios municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo.

Desde la perspectiva judicial, la adquisición de una nueva nacionalidad no altera los procedimientos en curso ni extingue posibles responsabilidades penales. Si bien el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado recientemente el levantamiento de las órdenes nacionales de detención y ha concluido el sumario en aplicación de la Ley de Amnistía, la resolución definitiva sobre el sobreseimiento libre de la causa corresponde a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Este escenario procesal es independiente de la relación jurídica que el procesado mantenga con el Estado español a través del vínculo de nacionalidad.

En materia tributaria, la nacionalidad no determina por sí misma la obligación de pago de impuestos en España. El criterio rector es la residencia fiscal, que se adquiere al permanecer más de 183 días en territorio nacional o al situar en él el núcleo principal de intereses económicos. De establecerse nuevamente en Cataluña, Puigdemont quedaría sujeto al sistema impositivo español con independencia del pasaporte que ostente, en virtud de los convenios para evitar la doble imposición suscritos entre España y Bélgica.

Finalmente, el ordenamiento español prevé que la renuncia a la nacionalidad no es irreversible. El artículo 26 del Código Civil establece un procedimiento de recuperación que exige la residencia legal en España y la declaración de voluntad ante el encargado del Registro Civil. Este mecanismo permitiría al expresidente recuperar plenamente sus derechos políticos en el futuro si decidiera revertir su situación de extranjería tras un eventual regreso a España.

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