La asociación Hazte Oír ha formalizado la ampliación de su querella contra Sofía Puente, actual secretaria de Estado y anterior directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por su gestión en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos». La organización ha incorporado el presunto delito de usurpación de atribuciones a la acusación inicial de prevaricación administrativa.
Este movimiento procesal se produce tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente determinadas inscripciones y efectos electorales en el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA). Según el escrito de la asociación, el pronunciamiento del Alto Tribunal, que distingue entre los expedientes por exilio estricto y aquellos basados en la interpretación introducida por la instrucción administrativa, justifica la profundización en la investigación para determinar el alcance real de las nacionalidades concedidas.
La controversia jurídica se centra en la instrucción firmada por Puente durante su etapa como directora general, la cual estableció una presunción de condición de exiliado para todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Hazte Oír sostiene que esta disposición administrativa alteró el espíritu de la ley, que originalmente restringía el acceso a la nacionalidad a descendientes de quienes sufrieron exilio efectivo por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual.
En la ampliación de la querella se solicitan siete nuevas diligencias de investigación al juzgado. Entre ellas destaca la petición de comparecencia como testigos de María Ester Pérez, sucesora de Puente en el cargo y firmante de modificaciones posteriores, y de Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Asimismo, la asociación reclama el expediente completo de la Junta Electoral Central y el desglose de las inscripciones censales realizadas bajo este criterio.
La parte querellante argumenta que durante la tramitación parlamentaria de la norma se rechazaron diversas enmiendas que buscaban extender la nacionalidad a todos los emigrantes sin distinción de la causa de su salida. Por ello, consideran que la instrucción administrativa supuso una vía de hecho para implementar lo que el Poder Legislativo había descartado explícitamente, facilitando procesos de nacionalización que califican de «fraude de ley» por exceder las competencias de la Dirección General.
Finalmente, el escrito solicita que se conserven y aseguren los datos informáticos de los registros consulares y censales. Esta medida busca evitar la pérdida o alteración de la información durante el proceso de desglose ordenado por el Supremo, con el fin de clarificar cuántos nuevos ciudadanos han sido incorporados al censo electoral bajo las directrices ahora cuestionadas en sede judicial.
