El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha comparecido este martes en calidad de testigo ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia. Durante su declaración, el que fuera número dos del Ministerio del Interior ha explicado el procedimiento por el cual su departamento adjudicó un contrato de 3,5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, entidad vinculada a la trama investigada en el denominado ‘caso Koldo’.
Pérez ha detallado ante el tribunal que la oferta de suministro llegó a través del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos. Según su testimonio, desde dicho ministerio se les comunicó la existencia de una «línea de mercado» operativa para la adquisición de mascarillas en un momento de «necesidad absoluta» y desabastecimiento global. El ex alto cargo ha señalado que, tras recibir esta información, su equipo la puso en conocimiento de los técnicos de contratación del Ministerio del Interior para formalizar la adquisición de un millón de unidades.
A preguntas de las defensas y las acusaciones, el exsecretario de Seguridad ha negado haber recibido presiones o sugerencias directas para favorecer a Soluciones de Gestión. Si bien ha reconocido la existencia de «contactos» para coordinar la compra, ha subrayado que en su nivel de responsabilidad no se negociaron precios específicos ni se señaló a una empresa concreta de forma arbitraria. Pérez ha defendido la gestión administrativa, asegurando que el contrato se cumplió, el material fue debidamente recepcionado y se destinó a los funcionarios que no podían interrumpir su actividad presencial durante el confinamiento.
Respecto a su vinculación con Koldo García, exasesor del ministro Ábalos, Pérez ha admitido haber mantenido diversos contactos profesionales. Según los registros documentales analizados en la causa, ambos se reunieron en al menos siete ocasiones entre octubre de 2020 y febrero de 2021. El testigo ha encuadrado estos encuentros en la gestión de asuntos ordinarios de seguridad y coordinación entre Interior y Transportes, negando que estas reuniones tuvieran como objetivo influir en las adjudicaciones públicas de la época.
Asimismo, el interrogatorio ha abordado el papel de Pérez en la gestión de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020. El exsecretario ha confirmado que fue Koldo García quien le informó sobre los planes del viaje. Ante esta notificación, Pérez dio traslado al ministro Fernando Grande-Marlaska y advirtió al Ministerio de Transportes sobre las restricciones legales que pesaban sobre la mandataria venezolana, las cuales le impedían entrar en territorio de la Unión Europea.
Rafael Pérez, quien permaneció al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad hasta su relevo en 2025, ha insistido en que la prioridad de su departamento durante la crisis sanitaria fue garantizar la protección de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo criterios de urgencia y legalidad administrativa.
