Récord histórico de denuncias previas en casos de feminicidio: el 37,5% de las víctimas ya había alertado a las autoridades
El primer semestre de 2026 ha registrado la cifra más alta de mujeres asesinadas que contaban con una denuncia previa contra su agresor desde que se inició la serie histórica en 2003. Según los datos oficiales, el 37,5% de las víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año ya había acudido a las autoridades para advertir sobre su situación. En concreto, de los 24 feminicidios perpetrados hasta la fecha, nueve de las mujeres asesinadas habían interpuesto una denuncia formal.
Este incremento supone un salto cualitativo respecto al ejercicio anterior, cuando el porcentaje de víctimas con denuncia previa se situó en el 22,9% (11 de 48 casos). Asimismo, la cifra actual supera los registros de 2019, año en el que el dato fue del 23,2%. El repunte de la mortalidad antes del periodo estival ha encendido las alarmas institucionales, situando la estadística en niveles similares a los de 2020, lo que ha generado un debate sobre la eficacia de los actuales protocolos de protección.
Desde el ámbito jurídico, expertos en derecho penal señalan que estos datos evidencian un fallo sistémico en la protección de mujeres que ya han sido identificadas por la administración. La abogada penalista Paula Fraga subraya la necesidad de revisar los protocolos de valoración del riesgo, argumentando que las medidas de protección actuales, como las órdenes de alejamiento o las pulseras de control telemático, han resultado insuficientes en los casos más graves. Fraga destaca además que en tres de los nueve casos con denuncia, las víctimas habían desistido del proceso judicial, lo que apunta a carencias en el acompañamiento psicológico necesario para mantener la acusación.
La gestión de los recursos económicos también ha sido objeto de análisis técnico. Organizaciones como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han denunciado un presunto uso ineficiente de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Según esta plataforma, parte del presupuesto se ha destinado a actividades de carácter lúdico o talleres de diversa índole que no impactan directamente en la seguridad de las mujeres en riesgo, solicitando una fiscalización más estricta para evitar la dispersión de caudales públicos en iniciativas ajenas a la protección policial y asistencial.
Por su parte, Alberto Rodríguez, vocal del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, propone un cambio de enfoque en la prevención. El experto sostiene que es imperativo realizar un análisis pormenorizado de cada homicidio para identificar factores de riesgo específicos, tales como el consumo de sustancias, patologías en agresores de edad avanzada o condicionantes culturales. Según el criminólogo, una segmentación más precisa de la información permitiría diseñar políticas preventivas adaptadas a cada sector de la población.
Ante esta coyuntura, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha convocado diversos comités de crisis para analizar las brechas de seguridad. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril la distribución de cerca de 180 millones de euros a las comunidades autónomas para implementar las 461 medidas contempladas en el Pacto de Estado renovado en 2025. El plan gubernamental incluye la modernización del sistema VioGén mediante la incorporación de inteligencia artificial para evaluaciones de riesgo más individualizadas.
Entre las medidas de refuerzo que el departamento de Igualdad pretende consolidar se encuentran el incremento de la vigilancia sobre el agresor, el aumento de las prisiones provisionales y la eliminación de penas alternativas, como los trabajos en beneficio de la comunidad, para los agresores reincidentes. No obstante, gran parte de estas propuestas de reforma estructural se encuentran todavía en fase de implementación mientras las cifras de siniestralidad continúan en niveles críticos.
