Redondo urge a la dirección del PP a actuar ante la investigación judicial al alcalde de Móstoles por presunto acoso

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado formalmente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que adopten medidas institucionales frente a la situación procesal del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. El regidor ha sido citado a declarar en calidad de investigado el próximo 9 de octubre por un presunto delito de acoso sexual y laboral, tras una querella interpuesta por una exconcejala de su propia formación.

A través de una declaración pública, la titular de la cartera de Igualdad ha cuestionado la continuidad del respaldo de los líderes populares al primer edil. Redondo ha señalado que, si bien el machismo presenta componentes estructurales, la respuesta política ante los indicios delictivos debe ser determinante para marcar una diferencia ética en la gestión pública. La ministra ha instado a la dirección del PP a no dilatar su actuación tras confirmarse los avances en el proceso judicial.

La instrucción del caso recae en la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Móstoles. Según han confirmado fuentes judiciales, la magistrada no solo ha citado a Bautista, sino que también ha acordado la comparecencia de cinco testigos solicitados por la acusación particular para el esclarecimiento de los hechos denunciados por la antigua integrante del equipo de gobierno local.

En el ámbito político, el apoyo de la cúpula regional del Partido Popular se ha mantenido constante desde el inicio de las diligencias. El pasado mes de abril, Isabel Díaz Ayuso defendió públicamente la presunción de inocencia de Bautista, argumentando que el alcalde se encontraba en una situación de «indefensión» mediática y calificando como un «abuso» el tratamiento que el Gobierno central estaba otorgando a la controversia judicial.

La comparecencia del próximo 9 de octubre resultará clave para determinar el recorrido de la querella y la posible adopción de medidas cautelares o resoluciones sobre la continuidad procesal del caso, que ha tensado las relaciones institucionales entre el Ministerio de Igualdad y el Ejecutivo autonómico madrileño.