Igualdad advierte a la Junta de Andalucía sobre la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado formalmente una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para expresar su preocupación ante la cesión de competencias relacionadas con la violencia de género a la formación política Vox. En una misiva remitida este jueves, la titular de la cartera estatal advierte que esta decisión podría comprometer la adecuada gestión y el destino de los fondos públicos vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En el documento, que también ha sido enviado a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía Espinosa, Redondo insta al Ejecutivo autonómico a reconsiderar su postura y rectificar. Según la ministra, delegar estas funciones en actores que cuestionan la naturaleza de la violencia de género transmite una «falta de compromiso» hacia las víctimas y rompe con el consenso democrático construido para combatir esta vulneración de derechos humanos.

La misiva subraya que la administración de los recursos estatales tiene como finalidad prioritaria garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y sus hijos. Redondo sostiene que la actual dirección política de estas competencias en Andalucía pone en cuestión la coherencia institucional mantenida por la comunidad durante años, lo que podría afectar la ejecución de las políticas públicas destinadas a asegurar la seguridad y libertad de las ciudadanas.

Desde el Ministerio de Igualdad se ha hecho un llamamiento a evitar que las mujeres andaluzas se conviertan en «víctimas de segunda» o vean debilitados los mecanismos de protección existentes. La ministra enfatiza que los datos de incidencia de la violencia de género en la región son preocupantes, lo que requiere, a su juicio, una gestión alineada con los principios del Pacto de Estado y alejada de posturas negacionistas.

Finalmente, el Gobierno central ha manifestado su disposición a mantener una colaboración institucional «leal y constructiva» con la administración andaluza. El objetivo de este acercamiento, según detalla el Ministerio, es asegurar que el marco de protección legal y los recursos destinados a la lucha contra la violencia machista no sufran retrocesos en la comunidad autónoma.