El Congreso convalida el aumento de la financiación de la dependencia con el apoyo del PP
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el real decreto ley destinado a ampliar la financiación estatal del sistema de atención a la dependencia. La norma ha contado con un amplio respaldo de la Cámara Baja, sumando 317 votos a favor y 33 en contra, destacando la convalidación de la medida por parte del Partido Popular, que se ha sumado a los grupos que sustentan al Gobierno.
La nueva regulación contempla un incremento sustancial en las partidas destinadas al sistema. Según los datos técnicos de la reforma, la suma de los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado supondrá una aportación estatal adicional de 6.200 millones de euros entre los años 2026 y 2027. El objetivo de este desembolso es revertir el déficit estructural de un sistema que, en palabras del Ejecutivo, requiere de una base financiera sólida para atender el aumento de la demanda de cuidados.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido la necesidad de esta inyección económica para paliar las consecuencias de lo que ha denominado como la «década de la austeridad». Bustinduy ha subrayado que la infrafinanciación ha lastrado el sistema desde su origen y ha incidido en que garantizar recursos suficientes es imperativo ante el progresivo envejecimiento de la población y la incorporación de más beneficiarios al sistema.
Desde las filas del Partido Popular, la diputada Carmen Fúnez ha justificado el voto afirmativo de su formación por «la importancia de los recursos públicos» para el sistema de dependencia. No obstante, Fúnez ha querido marcar distancias con la gestión del gabinete de coalición, precisando que su apoyo no supone un respaldo a la forma de gobernar del Ejecutivo ni a políticas que, a su juicio, prometen fondos que podrían no ser sostenibles a largo plazo.
Por su parte, el grupo parlamentario Vox se ha posicionado en contra de la medida. La diputada María de la Cabeza Ruiz ha calificado el decreto de «engaño», acusando al Gobierno de generar falsas expectativas en personas en situación vulnerable. En una línea distinta, los grupos de Sumar, Junts y Esquerra Republicana (ERC) han apoyado la iniciativa, aunque con matices. Mientras Sumar ha ensalzado el compromiso político del ministro, las formaciones catalanas han advertido que, si bien el decreto mejora la situación presente, el sistema sigue operando al límite y requiere de garantías para su viabilidad futura.
Esta votación se enmarca en una jornada parlamentaria dedicada a la agenda social, en la que también se han sometido a debate otros proyectos de ley relacionados con la discapacidad y la reforma integral de la dependencia. El Gobierno aspira a que este paquete legislativo constituya una de las reformas estructurales más significativas de la legislatura en materia de derechos sociales.
