El Gobierno remite al Congreso la reforma de la Ley de Infancia que endurece los criterios para la custodia compartida
El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de reforma de la Ley de Infancia, una iniciativa que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. La propuesta legislativa, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, introduce modificaciones significativas en los criterios para la concesión y mantenimiento de la custodia compartida, reduciendo el umbral de exigencia para su suspensión o denegación cuando concurran indicios de violencia o riesgos para el bienestar del menor.
La principal novedad de la reforma radica en la sustitución de la exigencia de pruebas sólidas de perjuicio por la existencia de «indicios fundados». Bajo este nuevo marco normativo, la custodia compartida podrá ser anulada o denegada cuando se presenten indicios de violencia de género contra la madre o cuando existan elementos que apunten a una posible afectación negativa a la salud física, psíquica o emocional del hijo. Asimismo, la presentación de una denuncia por violencia de género o la existencia de una orden de protección en vigor hacia el progenitor masculino facultará la suspensión del régimen de visitas.
Otro de los ejes centrales del texto es la prohibición explícita de referencias al Síndrome de Alienación Parental (SAP) en informes periciales y resoluciones judiciales. El Ministerio califica este término como un «seudoconcepto científico» que carece de aval especializado. Con este cambio, los testimonios o peritajes que sugieran una manipulación de un progenitor sobre el menor para rechazar al otro no podrán fundamentarse bajo dicha denominación, lo que busca, según el Gobierno, garantizar una protección integral de la infancia libre de sesgos.
La propuesta ha generado valoraciones contrapuestas entre diversos sectores de la sociedad civil y asociaciones profesionales. La Asociación de familiares de niños víctimas de sustracción internacional y desvinculación parental (Nisde) ha advertido que la reforma podría dificultar la detección de situaciones de instrumentalización de los menores. Según la organización, el descenso del umbral probatorio podría derivar en un uso instrumental de las denuncias para bloquear el acceso a la custodia compartida y ralentizar la respuesta judicial en casos de sustracción internacional.
En el ámbito estadístico, el debate se produce en un contexto de progresivo aumento de las custodias compartidas en España, que actualmente representan el 49,7% de las resoluciones, frente al 46,6% de custodias otorgadas en exclusividad a la madre. Paralelamente, los datos del Centro Nacional de Desaparecidos reflejan un incremento en los casos de sustracción parental, con un registro de 477 menores sustraídos en 2023 y una serie histórica que asciende a 5.598 casos desde el año 2010.
Críticos con la reforma, como la Fundación Para la Defensa de los Hombres Maltratados, señalan una posible asimetría en la consideración de las influencias parentales. Desde esta entidad se apunta que, mientras la ley prohíbe el SAP, se mantiene y refuerza el concepto de violencia vicaria, lo que a su juicio podría dificultar la capacidad de defensa de los padres en procesos de familia donde existan acusaciones de manipulación mutua.
Por último, la adecuación de la norma a la jurisprudencia internacional ha sido objeto de análisis. Organizaciones jurídicas recuerdan que, si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no emplea el término «alienación parental» como categoría clínica, sí reconoce en su doctrina los fenómenos de interferencia parental y la obligación de los Estados de actuar para evitar la destrucción progresiva de los vínculos afectivos entre hijos y progenitores. El debate en las Cortes deberá dirimir el equilibrio entre la protección inmediata del menor ante indicios de violencia y la preservación del derecho a la coparentalidad.


