El Congreso aprueba de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Dependencia. El texto, que ha contado con la validación de la mayoría de las enmiendas procedentes del Senado, culmina su tramitación parlamentaria con el objetivo de reforzar la autonomía personal, ampliar la cartera de servicios y corregir restricciones normativas previas.

La nueva legislación, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, introduce modificaciones estructurales en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Entre las medidas principales destaca la eliminación de las incompatibilidades entre diversas prestaciones y servicios, así como el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia. Asimismo, la norma reduce el plazo máximo para resolver los expedientes administrativos de seis a tres meses e incorpora la teleasistencia como un derecho subjetivo para las personas beneficiarias.

En el ámbito de los cuidados, la reforma amplía el marco de atención oficial más allá del núcleo familiar directo, permitiendo que vecinos o amistades sean reconocidos como cuidadores. También se formaliza la figura del asistente personal y se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de propietarios a solicitar ayudas destinadas a obras de accesibilidad. Paralelamente, la ley prohíbe el incremento de las primas de seguros a personas por razón de su discapacidad.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el blindaje de la financiación estatal. La Administración General del Estado se compromete por ley a asumir el 50 % de la financiación del sistema, lo que supondrá una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre los ejercicios 2026 y 2027. Durante su intervención, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha calificado la norma como «la mayor reforma social en décadas» y ha fijado como objetivo prioritario la desaparición de las listas de espera para el año 2028.

No obstante, el debate parlamentario ha estado marcado por la exclusión de ocho enmiendas introducidas previamente por el Partido Popular y Junts en el Senado. El Gobierno ejerció su derecho de veto sobre estas propuestas alegando que suponían un incremento de los gastos previstos en los Presupuestos Generales. Entre las medidas descartadas se encontraban la aplicación de un IVA reducido del 4 % para la adaptación de viviendas, la eliminación del copago para dependientes con Grado III+ y la ampliación de la prestación por cuidado de hijos con enfermedades graves (CUME) más allá de los 26 años.

Desde la oposición, los grupos parlamentarios han criticado duramente el uso del veto gubernamental. La diputada del Partido Popular, Violante Olivares, ha tildado de «falta de humanidad» el bloqueo de las enmiendas destinadas a los colectivos más vulnerables. Por su parte, representantes de Vox, PNV, ERC y EH Bildu han coincidido en señalar que el veto impide el normal desarrollo del trabajo parlamentario y limita el alcance de una ley que, según indicaron formaciones como Podemos o BNG, dependerá finalmente de que los recursos económicos lleguen de manera efectiva a todos los territorios.

Con esta aprobación, el texto queda listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor, estableciendo un nuevo marco jurídico que busca garantizar la suficiencia financiera y la agilidad administrativa en la atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia en España.