El Ministerio de Transportes propone elevar a seis años las penas por robos en la infraestructura ferroviaria

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, bajo la dirección de Óscar Puente, ha impulsado una propuesta normativa para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos esenciales de la infraestructura ferroviaria. La iniciativa legislativa contempla una reforma del artículo 240 del Código Penal con el fin de introducir un subtipo agravado para estas conductas delictivas.

La modificación propuesta establece penas de prisión de entre dos y seis años para los casos de robo con fuerza cuando la sustracción de componentes afecte negativamente a la circulación ferroviaria o a la prestación del servicio. Según fuentes ministeriales, el objetivo primordial es adecuar el castigo a la gravedad real de los hechos, reforzando la seguridad jurídica y la protección de los activos estratégicos del Estado.

Desde el departamento ministerial se subraya que la actual respuesta penal debe evolucionar para no limitarse únicamente a la tasación económica del material sustraído. La propuesta enfatiza que las sentencias deben considerar el impacto social y las consecuencias operativas derivadas de la interrupción de un servicio público esencial, que afecta de forma directa a la movilidad de miles de ciudadanos.

Esta medida se produce en un contexto de incremento de la actividad delictiva en la red. En la última semana, el corredor sur de alta velocidad ha sido objeto de cuatro robos de cable, el más reciente registrado este viernes. Estos incidentes han provocado retrasos significativos y la suspensión temporal de trayectos, comprometiendo la regularidad de los servicios gestionados por Adif y los operadores ferroviarios.

La reforma del Código Penal busca, por tanto, dotar a los tribunales de herramientas más contundentes para sancionar delitos que, más allá del valor del cobre o los componentes metálicos, generan un perjuicio masivo en la seguridad y la logística nacional. La propuesta iniciará ahora su recorrido administrativo para su posible integración en el marco legal vigente.