El Gobierno ultima el decreto de regularización de migrantes tras recibir las observaciones del Consejo de Estado

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo trabaja en la fase final del real decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes. La intención del Gobierno es elevar la norma al Consejo de Ministros para su aprobación este martes, tras haber incorporado los ajustes técnicos sugeridos por el Consejo de Estado en su dictamen consultivo.

Según ha detallado el ministro en declaraciones a los medios, el Ejecutivo ha dedicado las últimas jornadas a perfilar el texto sobre la base de las observaciones del órgano consultivo, cuyo objetivo es mejorar la seguridad jurídica de la norma. Bolaños ha defendido la medida como una acción de «justicia» que permitirá integrar formalmente a personas que ya residen en España, dotándolas de derechos y facilitando su contribución económica a través de la Seguridad Social y la Hacienda pública.

El dictamen del Consejo de Estado, si bien avala de forma general la iniciativa por su potencial integrador, ha planteado reparos específicos sobre la acreditación de la carencia de antecedentes penales. El texto original del decreto establece que, de forma excepcional, si un solicitante no logra obtener su certificado oficial en un plazo de un mes —y la Administración tampoco lo consigue en el mes siguiente—, se podrá recurrir a una «declaración responsable» del interesado.

No obstante, el órgano consultivo ha advertido que esta fórmula resulta «inadecuada» para un proceso de regularización de carácter masivo. El Consejo de Estado considera que permitir la declaración responsable en este ámbito podría suponer una relajación injustificada de la diligencia que debe exigirse a los beneficiarios del proceso, dada la sensibilidad de la materia relativa a la seguridad y los antecedentes penales.

En el ámbito de los apoyos institucionales, Bolaños ha destacado que el proceso cuenta con el respaldo de la patronal, la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano. En contraposición, el ministro ha señalado que la oposición a la medida se concentra exclusivamente en los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox, vinculando el rechazo de esta última formación a corrientes ideológicas europeas contrarias a los procesos de inclusión migratoria.

Con esta regularización, el Gobierno busca normalizar la situación administrativa de miles de personas, lo que, en palabras del titular de Presidencia, redundará en mayores recursos para el sostenimiento del estado del bienestar y en la mejora de la cohesión social mediante la plena inclusión de quienes ya forman parte de la realidad del país.