El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de inmigrantes con un endurecimiento en el control de antecedentes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto para la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular en España. El texto final incorpora un endurecimiento de los requisitos de seguridad, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado y atendiendo a las peticiones del Ministerio del Interior, especialmente en lo relativo a la acreditación de la carencia de antecedentes penales de los solicitantes.

La principal modificación respecto a borradores anteriores radica en la obligatoriedad de presentar un documento oficial que certifique la ausencia de delitos en los cinco años previos al proceso. Con esta decisión, el Ejecutivo elimina la posibilidad de recurrir a una «declaración responsable» en caso de que el solicitante no pudiese obtener el certificado de su país de origen, una medida que había generado advertencias por parte de los sindicatos policiales y del Ministerio del Interior ante posibles riesgos para la seguridad ciudadana.

Apoyo administrativo y diplomático

Para garantizar que el requisito de los antecedentes penales no paralice el proceso de regularización, el Gobierno ha articulado un mecanismo de auxilio administrativo. Si el solicitante no logra obtener el certificado oficial por sus propios medios en el plazo de un mes desde su solicitud, el Ministerio de la Presidencia intervendrá a través de la vía diplomática para intentar recabar dicha documentación. Para esta gestión institucional se ha estipulado un periodo de tres meses.

En el supuesto de que el intento por vía diplomática no resulte exitoso, se otorgará al inmigrante un plazo adicional de 15 días para intentar conseguirlo nuevamente por su cuenta. No obstante, el decreto es taxativo al prohibir que el interesado pueda dar fe de su propia carencia de condenas mediante una declaración personal, asegurando así la trazabilidad y veracidad de la información penal en todos los expedientes tramitados.

Contexto institucional y consenso

Esta reforma del reglamento de extranjería busca dotar de un marco legal estable a miles de personas que ya residen y trabajan en el país, pero bajo las máximas garantías de control administrativo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cedido en este punto clave para asegurar el encaje legal de la norma tras el dictamen del Consejo de Estado, que insistió en la necesidad de mantener el rigor en los criterios de orden público.

La medida ha sido recibida como un paso necesario para la integración sociolaboral de la población extranjera, si bien el blindaje de la seguridad ha sido el eje vertebrador de las últimas negociaciones entre los departamentos afectados. Con la aprobación de este real decreto, el Ejecutivo inicia uno de los procesos de regularización más ambiciosos de la legislatura, marcado por el equilibrio entre la agilización de plazos y la exigencia documental.