Juventud e Infancia defiende el traslado urgente de 500 menores desde Ceuta para garantizar una distribución equitativa
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un mecanismo de traslado urgente para 500 menores extranjeros no acompañados desde Ceuta hacia la península. Según ha explicado el representante ministerial, la medida busca agilizar la gestión migratoria en la ciudad autónoma y garantizar una distribución equilibrada entre las distintas comunidades autónomas, utilizando canales de acogida ya operativos.
Pérez Correa ha precisado que el modelo de derivación aprovechará, en parte, el sistema diseñado originalmente para los menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias. El secretario de Estado ha detallado que se utilizarán plazas que han quedado disponibles tras el cumplimiento de la mayoría de edad de sus anteriores ocupantes, permitiendo así la integración de nuevos perfiles, con especial atención a las niñas migrantes para facilitar su itinerario personal y laboral.
La urgencia de la medida responde a la situación de saturación en Ceuta, donde se estima la presencia de al menos 2.500 menores, aunque el Ministerio advierte que la cifra real podría ser superior debido a quienes se encuentran en la vía pública. El Gobierno ha mostrado especial preocupación por la «extrema vulnerabilidad» de los menores detectados, entre los que se encuentran niñas de 10 y 11 años procedentes de entornos familiares complejos y en riesgo de situación de calle.
Respecto a la ejecución técnica de los traslados, el Ministerio ha confirmado que el resto de las plazas se gestionarán a través de dispositivos coordinados por entidades sociales que ya colaboran con el Ministerio de Inclusión y con el Gobierno de la ciudad autónoma. El proceso administrativo se formalizará mediante la firma de convenios específicos con las organizaciones responsables y la aceptación final de los traslados por parte de la administración ceutí.
En el plano competencial y político, Pérez Correa ha recordado que todas las comunidades autónomas están obligadas al cumplimiento de la ley en materia de protección de la infancia. Ante las posibles reticencias de algunos gobiernos regionales, el secretario de Estado ha señalado que el marco legal cuenta con el respaldo de la Fiscalía de Menores para asegurar su aplicación. No obstante, ha diferenciado el discurso político de la operatividad técnica, destacando la «magnífica colaboración» de los funcionarios y profesionales de los servicios de protección en todo el territorio nacional.
Finalmente, desde la Secretaría de Estado se ha insistido en que el objetivo prioritario es ofrecer una atención personalizada y segura a este colectivo. El Gobierno confía en que la profesionalidad de los sistemas autonómicos de protección permita absorber estas derivaciones de manera eficaz, independientemente de la posición política expresada por los distintos ejecutivos regionales frente al Real Decreto Ley que regula esta materia.
