Interior exige explicaciones a la Policía Nacional por el informe que implica a Marruecos en la crisis de Ceuta

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha mantenido este martes una reunión de urgencia con el comisario principal de Extranjería y Fronteras tras el requerimiento de información realizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El encuentro se produce tras la difusión de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitido a la Audiencia Nacional, en el cual se señala la presunta participación de gendarmes marroquíes en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.

A través de un oficio oficial, el ministro Marlaska ha solicitado a la Dirección General de la Policía que informe sobre la «veracidad» del documento elaborado por la unidad de inteligencia del CENIF. Asimismo, el titular de Interior ha instado a aclarar desde qué fecha disponía el cuerpo de esta investigación, calificando como «esencial» el conocimiento de estos datos para que el Ejecutivo pueda ejercer sus funciones constitucionales en la dirección de la política interior, exterior y de defensa del Estado.

El informe policial en cuestión, entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, sostiene que la entrada masiva fue guiada por gendarmes marroquíes bajo la dirección de agentes de paisano. Según el contenido de la investigación, el objetivo de la maniobra habría sido distinto al migratorio, buscando provocar de manera deliberada el colapso de la frontera ceutí. Esta conclusión contradice la línea mantenida hasta ahora por el Gobierno, que había desvinculado a las autoridades del país vecino de los incidentes.

Desde el Ministerio del Interior se ha recordado que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad nacional el pasado 25 de agosto, una información de esta naturaleza debería haberse puesto «de inmediato» a disposición del Consejo de Seguridad Nacional. Esta obligación de transparencia afectaría también al mando único liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a los demás órganos competentes en la gestión de crisis fronterizas.

Hasta la fecha, tanto la Presidencia del Gobierno como el Ministerio del Interior habían atribuido la crisis migratoria a la difusión de bulos en redes sociales y a la actividad de mafias, descartando alertas previas por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ejecutivo había vinculado la inestabilidad a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre retornos de migrantes y a posibles influencias externas de terceros países.

La investigación judicial se inició el pasado 3 de agosto, cuando la jueza María Tardón solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un informe técnico para determinar si la crisis en Ceuta respondió a la acción concertada de una organización criminal. Paralelamente, la magistrada ha requerido al Servicio de Información de la Guardia Civil que aclare si hubo advertencias previas sobre la entrada masiva antes de que esta se produjera.