La documentación del sumario confirma que la RFEF conocía la investigación a Negreira dieciséis meses antes de su comparecencia pública
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tuvo constancia oficial de la investigación de la Agencia Tributaria sobre José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), desde el 18 de octubre de 2021. Esta información, integrada en el sumario judicial del caso, contradice las explicaciones ofrecidas por la cúpula federativa en marzo de 2023, cuando se afirmó que los primeros requerimientos de información no identificaban a ninguna persona física concreta.
Según la documentación administrativa a la que se ha tenido acceso, el requerimiento inicial de Hacienda exigía de forma expresa datos sobre los contratos, las funciones desempeñadas en el seno del CTA y las posibles incompatibilidades de Enríquez Negreira. El organismo federativo respondió a dicho oficio aportando la información solicitada, lo que confirma que la institución conocía el objeto de la inspección fiscal al menos un año y cuatro meses antes de que el escándalo trascendiera a la opinión pública.
Esta cronología diverge de la versión oficial mantenida por Andreu Camps, entonces secretario general de la RFEF bajo la presidencia de Luis Rubiales. Durante una rueda de prensa celebrada el 2 de marzo de 2023, Camps sostuvo que el requerimiento de octubre de 2021 era un trámite ordinario de consulta de datos económicos y normativos que «no estaba relacionada con persona alguna». El exsecretario general admitió en esa misma comparecencia que solo tuvieron constancia nominativa tras recibir dos nuevos requerimientos de la Fiscalía en junio y octubre de 2022.
Los hechos analizados se enmarcan en el proceso judicial que investiga el abono de 8,4 millones de euros por parte del FC Barcelona a Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018. La justicia busca determinar si estos pagos, realizados mientras el receptor ocupaba la vicepresidencia del órgano rector de los árbitros, pudieron influir en el beneficio deportivo del club catalán. Actualmente, el procedimiento permanece abierto en fase de instrucción.
Las contradicciones entre las declaraciones públicas y los registros documentales han sido recopiladas en el denominado «Informe Pelícano 2.0». Este documento, que analiza la gestión de la RFEF durante el periodo de instrucción, se encuentra actualmente bajo supervisión de los departamentos de Integridad de la FIFA y la UEFA. El informe destaca una serie de movimientos institucionales coincidentes en el tiempo con la investigación de Hacienda, como la reforma de urgencia del Código Ético federativo en junio de 2021.
Asimismo, el registro cronológico señala que un día después de la entrada del primer requerimiento de la Agencia Tributaria se produjo un encuentro entre el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y la dirección general del Consejo Superior de Deportes. Semanas más tarde, en noviembre de 2021, la Junta Directiva de la RFEF aprobó de forma unánime una nueva política anticorrupción y ratificó el nombramiento de miembros de la Comisión de Ética bajo unos estatutos que, en aquel momento, aún no contaban con la validación definitiva del CSD.
Hasta la fecha, la Real Federación Española de Fútbol no ha emitido ninguna valoración oficial ni ha respondido a las consultas formuladas para contrastar los detalles sobre la recepción y respuesta del oficio de octubre de 2021. La investigación judicial continúa su curso para esclarecer las responsabilidades derivadas de la relación económica entre el exdirigente arbitral y la entidad deportiva.
