Grupos parlamentarios cuestionan los vínculos de Leire Díez con la Fiscalía y denuncian la politización de la justicia
Los portavoces de Esquerra Republicana (ERC), Sumar y Podemos han manifestado este jueves su preocupación tras conocerse las reuniones mantenidas por la exmilitante socialista Leire Díez con la entonces mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Las formaciones han coincidido en señalar la gravedad de estos contactos, vinculándolos con un presunto uso de las instituciones para fines partidistas y reavivando el debate sobre la independencia judicial en España.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que Díez actuaba bajo un «mandato» de la dirección del PSOE. En sus declaraciones ante los medios en la Cámara Baja, Rufián ha sugerido que estas acciones responden a una estrategia para emular métodos de inteligencia vinculados a las cloacas del Estado. Para el diputado republicano, el error del Partido Socialista reside en intentar imitar tácticas operativas que, a su juicio, resultan ajenas a una práctica democrática regeneradora.
Asimismo, Rufián se ha referido a las recientes declaraciones del ministro Óscar López sobre la existencia de jueces que prevarican. El portavoz de ERC ha subrayado que la politización de ciertos sectores de la judicatura es una realidad conocida, aunque ha criticado que el PSOE solo denuncie estos hechos cuando afectan directamente a sus intereses. Según el parlamentario, es necesario mantener una coherencia institucional que permita señalar las deficiencias del sistema judicial de manera estructural y no coyuntural.
Desde el grupo parlamentario Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha calificado de preocupante la facilidad de interlocución de la que ha gozado Leire Díez con la cúpula fiscal. Ibáñez ha contrastado esta situación con la realidad de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, como las familias en procesos de desahucio, quienes no encuentran cauces similares para que el Ministerio Público garantice sus derechos fundamentales. El diputado ha cuestionado con ironía la condición de «simple militante» de Díez ante el acceso privilegiado mostrado.
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado la «máxima preocupación» de su formación respecto al desarrollo de la legislatura. Belarra ha calificado de «absolutamente inaceptable» que se intente combatir el fenómeno de la guerra sucia judicial o «lawfare» utilizando herramientas que pertenecen a las mismas estructuras que se pretenden denunciar. Según la portavoz de Podemos, estas prácticas sitúan al Ejecutivo en una situación de difícil salida institucional.
Estas reacciones parlamentarias se producen en un contexto de creciente tensión entre el poder Ejecutivo y sectores de la judicatura, mientras la oposición y los socios habituales de investidura demandan mayor transparencia sobre los contactos de personas vinculadas al partido del Gobierno con los altos estamentos de la Fiscalía General del Estado.
