Saharauis residentes en España impugnarán su exclusión del real decreto de regularización extraordinaria

La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase) ha anunciado que presentará solicitudes formales de regularización para ciudadanos procedentes de la antigua colonia española, a pesar de que el texto definitivo del real decreto aprobado la semana pasada por el Gobierno excluye expresamente a las personas apátridas. La organización ha advertido de que, en caso de que las peticiones sean rechazadas, iniciará una ofensiva legal que podría alcanzar el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

La normativa de regularización extraordinaria busca normalizar la situación administrativa de cerca de 500.000 inmigrantes que se encontraran en territorio español antes del 1 de enero. Sin embargo, el colectivo saharaui, cuya mayoría posee la condición de apátrida, quedó fuera del articulado final tras una recomendación del Consejo de Estado. El órgano consultivo, presidido por Carmen Calvo, sugirió separar a los apátridas de la disposición que regula a los solicitantes de asilo, lo que ha dejado a los saharauis supeditados a un estatuto específico cuyos trámites de resolución se demoran, de media, cuatro años.

Fatma El Galia, secretaria de Aprase, califica esta decisión de «discriminatoria» y sostiene que no existen fundamentos jurídicos que justifiquen el agravio comparativo. La defensa legal de los afectados pretende utilizar la disposición adicional vigesimoprimera del decreto, que permite conceder autorizaciones de residencia por «arraigo extraordinario» a personas en situación de vulnerabilidad acreditada. Según la asociación, los saharauis cumplen con los supuestos de vulnerabilidad —como el riesgo de exclusión social o la carencia de ingresos— durante el prolongado tiempo de espera de sus expedientes de apatridia.

El proceso administrativo para estas solicitudes contará con la intervención de las entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX), como Cruz Roja, quienes deberán validar los informes de vulnerabilidad. Desde el colectivo jurídico se resalta que el limbo administrativo actual impide a miles de personas trabajar legalmente o cotizar a la Seguridad Social, una situación que el Frente Polisario ha criticado por considerar que condena a la población saharaui a la marginalidad profesional.

En el plano institucional y político, la exclusión ha generado tensiones dentro de la coalición de Gobierno. Sumar ha manifestado sus sospechas de que la rectificación del texto original responde a una «política hecha a medida» para evitar fricciones diplomáticas con Marruecos. Cabe recordar que el Sahara Occidental fue provincia española hasta 1975 y que, en lo que va de 2024, los saharauis han protagonizado el 71% de las solicitudes de apatridia en España, consolidándose como el principal grupo afectado por esta traba burocrática.

Si las delegaciones de Gobierno rechazan las solicitudes que se presentarán en los próximos días, Aprase activará la vía del contencioso-administrativo. Juristas especializados advierten de que el caso tiene recorrido constitucional, al poder interpretarse como una vulneración de derechos fundamentales derivados de la desprotección jurídica de un colectivo que mantiene vínculos históricos y legales específicos con el Estado español.