Saiz defiende la «absoluta legalidad» de tramitar los decretos de vivienda mediante la Diputación Permanente
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este jueves la validez jurídica y constitucional de la tramitación de los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Esta decisión se produce tras el rechazo de las medidas por el Pleno de la Cámara Baja el pasado viernes, una vía que la ministra ha calificado de «ética» para dar respuesta al problema del acceso a la vivienda en España.
Durante una entrevista concedida a Radio Nacional de España, Saiz ha respondido a las críticas sobre la estrategia parlamentaria del Ejecutivo, después de que los votos de UPN, Junts, PP y Vox impidieran la convalidación de las iniciativas originales. La portavoz ha subrayado la existencia de «precedentes» en parlamentos autonómicos y ha garantizado que la actuación del Gobierno se enmarca «siempre bajo el paraguas de la ley», con el objetivo de ampliar la oferta habitacional y evitar la especulación.
Respecto a la implementación de las normas, el Ejecutivo ha establecido una entrada en vigor diferenciada: el primero de los decretos comienza su vigencia este jueves, mientras que el segundo lo hará el 15 de noviembre. Según ha explicado la ministra, esta distinción responde a razones técnico-jurídicas orientadas a ofrecer seguridad a la ciudadanía. Saiz ha defendido asimismo la intervención pública del mercado, argumentando que las dinámicas actuales no benefician al conjunto de la sociedad sin una regulación que proteja a colectivos vulnerables y pequeños propietarios.
En el plano político, la portavoz ha responsabilizado a diversas administraciones regionales de obstaculizar la aplicación de la Ley de Vivienda estatal, citando expresamente el caso de la Comunidad de Madrid. Según Saiz, es «incomprensible» que no se ejecuten estas medidas a pesar de la recepción de fondos estatales, recordando que la problemática habitacional afecta a la ciudadanía con independencia de su adscripción política o rango de edad.
La titular de Seguridad Social también ha hecho referencia al reciente fallecimiento de una mujer desahuciada de su vivienda de alquiler en Madrid. Saiz ha afirmado que este suceso «ha movido conciencias» y refuerza el compromiso del Gobierno para evitar situaciones similares en el futuro. En este sentido, ha lamentado las críticas vertidas contra la víctima por parte de determinados sectores, apelando a la necesidad de mantener un enfoque humano ante la vulnerabilidad residencial.
Finalmente, ante la convocatoria de una huelga general por la crisis de vivienda fijada para el próximo 11 de noviembre, la portavoz ha manifestado su «máximo respeto» por el ejercicio de los derechos constitucionales. Aunque ha evitado polemizar sobre la cercanía de la fecha con el inicio de la campaña electoral, ha reconocido compartir las motivaciones de la protesta, señalando que el acceso a un hogar es una preocupación transversal que no se rige por tiempos electorales.
