El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación de las relaciones diplomáticas con Marruecos y la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo reafirmó la soberanía española sobre ambas ciudades autónomas, asegurando que su estatus constitucional está garantizado, al tiempo que defendió una política de «prudencia» y «diálogo» con Rabat para evitar el agravamiento de las tensiones en la frontera.
Sánchez centró gran parte de su discurso en explicar la estrategia de su gabinete frente al reino alauí, argumentando que una respuesta confrontativa podría resultar contraproducente para los intereses nacionales. Bajo esta premisa, el presidente justificó la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos, incluso tras los episodios de presión migratoria vividos en los últimos meses. Según el mandatario, la prioridad del Gobierno es estabilizar la relación bilateral y garantizar la cooperación en materia de seguridad y control de fronteras.
Uno de los puntos de mayor fricción durante la sesión parlamentaria fue la gestión de la información por parte de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad. La oposición cuestionó las contradicciones surgidas en torno a los informes previos a la crisis fronteriza. Mientras diversos sectores sugieren que existían advertencias sobre las intenciones de Marruecos, el Ejecutivo ha mantenido una postura cautelosa, evitando descalificar directamente la labor de los servicios de información, pero insistiendo en que las decisiones se tomaron en función de la evolución de los hechos.
En el turno de réplica, los líderes de la oposición manifestaron su rechazo a la gestión gubernamental. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y Santiago Abascal, líder de Vox, criticaron lo que consideran una «falta de firmeza» ante Marruecos. Los grupos de la oposición incidieron en el impacto social que la crisis ha tenido en la población ceutí, mencionando específicamente la situación de los menores y la seguridad de los efectivos desplegados en la zona. Por su parte, el presidente Sánchez reprochó a la oposición su falta de apoyo institucional en una cuestión de Estado.
Asimismo, se abordó la controversia diplomática relativa a la convocatoria de la representación marroquí en España. Tras las dudas planteadas sobre si se produjo una reunión formal con la embajadora de Marruecos el pasado mes de agosto, el Gobierno confirmó que el encuentro se llevó a cabo finalmente con el encargado de negocios, debido a la ausencia de la titular de la embajada en territorio español en ese momento. Este trámite, calificado por el Ejecutivo como una expresión de malestar oficial, ha sido interpretado por los grupos parlamentarios de la oposición como un gesto de insuficiente calado diplomático.
La comparecencia concluyó sin un acuerdo de unidad entre las principales fuerzas políticas, evidenciando la distancia existente en la interpretación de los riesgos geopolíticos en el Estrecho. Mientras el Gobierno insiste en que el mando único y la coordinación han funcionado desde que la situación lo requirió, el arco parlamentario de la derecha sostiene que la credibilidad de las instituciones del Estado se ha visto comprometida por la falta de una respuesta más asertiva ante las reclamaciones territoriales del país vecino.
