Sánchez denuncia ante el Congreso una estrategia de «acoso y derribo» contra su entorno familiar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para denunciar lo que considera una campaña de «acoso y derribo» dirigida contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha sostenido que las investigaciones judiciales abiertas se basan en «acusaciones infundadas» cuyo objetivo último, según su análisis, es debilitar la estabilidad de la actual administración nacional.
En el marco de su comparecencia, Sánchez ha detallado la existencia de un patrón sistemático que, a su juicio, consta de tres fases diferenciadas: la difusión inicial de informaciones falsas, la presentación de denuncias por parte de organizaciones vinculadas a la extrema derecha basadas en dichas publicaciones y, finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que se prolongan en el tiempo. A pesar de su actitud crítica hacia el desarrollo de estas causas, el presidente ha ratificado su confianza en la Justicia española, si bien ha admitido que existen diligencias que le resultan difíciles de «compartir y comprender».
El jefe del Ejecutivo ha puntualizado que no utilizará la tribuna parlamentaria para ejercer la defensa técnica de sus familiares, argumentando que dicha labor corresponde a los tribunales de justicia. No obstante, ha incidido en que las instrucciones judiciales se han llevado a cabo de forma contraria al criterio expresado por la Fiscalía. Esta declaración ha provocado reacciones sonoras de protesta por parte de los grupos de la oposición, evidenciando la fractura política en torno a la gestión de estos casos.
Respecto a la instrucción que afecta a Begoña Gómez, Sánchez ha subrayado que el proceso ha sido objeto de diversas revocaciones por parte de la Audiencia Provincial y ha mencionado la existencia de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la actuación del juez instructor. Según el presidente, algunas de las medidas adoptadas durante el proceso «sobrepasan todos los límites de lo razonable», situando el debate en la proporcionalidad de las actuaciones judiciales en curso.
La sesión ha concluido con la reafirmación del Ejecutivo sobre su voluntad de continuar con la agenda legislativa, a pesar de lo que definen como una instrumentalización política del ámbito judicial. Por su parte, los grupos de la derecha han mantenido su postura crítica, cuestionando la transparencia y la ética institucional del entorno del presidente.
