miércoles, octubre 7, 2026
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Sánchez traslada su pésame por la muerte de Maricarmen

El presidente del Gobierno traslada sus condolencias por el fallecimiento de Maricarmen Abascal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este lunes su pesar por el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la ciudadana de 87 años que se convirtió en un símbolo de la movilización por el derecho a la vivienda tras su desahucio en Madrid. Abascal falleció tras permanecer ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, fecha en la que se ejecutó el lanzamiento de su domicilio habitual.

A través de un mensaje institucional difundido en sus canales oficiales, el jefe del Ejecutivo ha expresado su apoyo al entorno de la fallecida y a los colectivos sociales que han seguido de cerca su caso. «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia», señaló el mandatario, quien concluyó su mensaje con un deseo de descanso para la finada.

El caso de Maricarmen Abascal cobró relevancia pública tras la ejecución de la orden judicial de lanzamiento en su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde había residido durante 71 años. El desalojo se llevó a cabo en medio de una notable resistencia civil protagonizada por vecinos y activistas. Debido a su delicado estado de salud, la mujer tuvo que ser trasladada en camilla por los servicios sanitarios desde el inmueble directamente al centro hospitalario madrileño.

La repercusión de estos hechos derivó en una serie de protestas ciudadanas y acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, así como en otras ciudades españolas, intensificando el debate nacional sobre la vulnerabilidad habitacional de las personas de avanzada edad. La movilización social presionó por una solución institucional que permitiera a la afectada regresar a su hogar.

Tras intensas negociaciones y con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, la representación legal de Abascal había logrado recientemente un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble, Urbagestión. El pacto contemplaba la formalización de un nuevo contrato de alquiler por ocho años, con una renta ajustada al 30% de sus ingresos netos, lo que garantizaba su retorno residencial. Sin embargo, el fallecimiento se ha producido antes de que la ciudadana pudiera reincorporarse a su vivienda.

Organizaciones civiles como el Sindicato de Inquilinas han calificado la situación de «evitable» y han señalado el impacto emocional de los procesos judiciales de desalojo en personas vulnerables. El fallecimiento de Abascal cierra un capítulo que ha marcado la agenda social de las últimas semanas y que sitúa nuevamente la gestión de los desahucios en el centro del debate político institucional.

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