Sánchez defiende la regulación de los centros de datos para vincular su crecimiento a la generación renovable
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de implementar un marco regulatorio preventivo para los centros de datos en España. A través de un artículo de opinión publicado en Bloomberg, el jefe del Ejecutivo ha sostenido que la expansión de estas infraestructuras debe estar supeditada a requisitos estrictos de eficiencia energética e hídrica, vinculando el incremento de su demanda eléctrica a la disponibilidad de capacidad renovable adicional en el sistema.
La propuesta se materializa en un proyecto de real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que busca regular la sostenibilidad y la soberanía digital de estas instalaciones. El borrador normativo establece que los centros con una potencia de acceso igual o superior a un megavatio deberán cubrir el 80% de su consumo energético total mediante nueva generación renovable, ya sea a través de modalidades de autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).
En su análisis, Sánchez define el acceso a la red eléctrica como un «activo estratégico escaso» que no debe ser bloqueado por proyectos que carezcan de viabilidad o de una contribución social y económica significativa. Bajo la premisa de que el objetivo nacional debe ser «comerciar con bytes y no con vatios», el presidente ha señalado que los nuevos grandes consumidores no deben entrar en competencia con la demanda existente ni incrementar la dependencia de combustibles fósiles.
La normativa obligará asimismo a los operadores a divulgar indicadores clave de rendimiento. Esta medida tiene como fin evaluar el uso de recursos, comparar la eficiencia entre instalaciones y desalentar el desperdicio de energía y agua. El Gobierno busca así anticiparse a escenarios de saturación como los registrados en otros países europeos; en Irlanda, por ejemplo, estos centros representaron el 21% del consumo eléctrico total en 2023.
Actualmente, el proyecto de real decreto se encuentra en fase de análisis de alegaciones tras haber concluido el trámite de audiencia pública el pasado 10 de septiembre. Una vez finalizada la elaboración de los informes normativos pertinentes, el texto será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Según los datos del Ejecutivo, aunque la demanda estimada para computación se sitúa en 4 gigavatios para 2030, las solicitudes de acceso recibidas hasta la fecha superan ampliamente dicha capacidad.
Sánchez ha concluido que esta intervención no tiene como fin ralentizar la innovación tecnológica, sino garantizar que el sector crezca de forma justa y sostenible. Además, ha destacado que la regulación incluye salvaguardias sobre el control de datos y la gestión de infraestructuras críticas, con el propósito de reforzar la soberanía digital de la Unión Europea frente a terceros mercados.
