El Gobierno aprueba una subvención de 300.000 euros para el refuerzo del portal informativo ‘Quiero Abortar’
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un real decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 300.000 euros destinada a ampliar y mejorar los servicios del portal web ‘Quiero Abortar’. Esta medida busca consolidar la plataforma como un recurso estatal de información y acompañamiento para garantizar el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en todo el territorio nacional.
La financiación será gestionada por L’Associació Pels Drets Sexuals i Reproductius, entidad promotora de la web que cuenta con cerca de 40 años de trayectoria en el ámbito de la salud reproductiva. Según ha informado el departamento que dirige Mónica García, la inversión permitirá reforzar los servicios de consulta online y ofrecer orientación individualizada durante el proceso, dirigida tanto a mujeres como a personas trans con capacidad de gestar.
El objetivo institucional de esta subvención es reducir las desigualdades territoriales derivadas de las diferencias en la organización de los servicios sanitarios autonómicos. Para ello, el portal incorporará información verificada y actualizada de todas las provincias, detallando los centros sanitarios de referencia, los circuitos asistenciales y los requisitos procedimentales necesarios para acceder a la prestación en cada comunidad autónoma.
De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2024, en España se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo. El informe estadístico revela que el 78,75% de estas intervenciones se practicaron en centros privados, frente al 21,25% realizado en la red pública. Si bien la proporción de abortos en centros públicos ha experimentado un crecimiento de casi siete puntos desde el año 2019, la mayoría de los procedimientos siguen centralizados en el sector privado.
Desde el Ministerio se señala que la persistencia de diferencias en la disponibilidad de servicios y la dispersión de la información generan obstáculos para el ejercicio efectivo de este derecho. La iniciativa responde a la necesidad de paliar la incertidumbre de las usuarias y asegurar que la información sobre el Sistema Nacional de Salud sea accesible con independencia del lugar de residencia.
Esta actuación se enmarca en el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Tras su modificación en el año 2023, la normativa vigente prioriza el refuerzo del acceso a esta prestación dentro de la sanidad pública y la eliminación de barreras administrativas que puedan dificultar el cumplimiento de los derechos reconocidos por la ley.
