La crisis migratoria en Ceuta tensa la relación entre los profesionales sanitarios y el Ministerio de Sanidad
La reciente presión migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta ha profundizado el enfrentamiento que los profesionales sanitarios mantienen con el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Mientras que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y diversos sindicatos denuncian un colapso operativo derivado de la falta de recursos estructurales, el departamento que dirige Mónica García sostiene que el sistema ha mantenido su operatividad y rechaza la existencia de un bloqueo asistencial.
Durante la primera semana tras la entrada masiva de personas a finales de julio, los dispositivos de Atención Primaria, Urgencias hospitalarias y el servicio 061 registraron más de 3.100 asistencias sanitarias. Según los representantes de los facultativos, esta carga extraordinaria ha llevado al límite a una plantilla que ya presentaba carencias previas en la cobertura de especialidades y en la retención de profesionales. El presidente del Colegio de Médicos y del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), Enrique Roviralta, ha señalado la falta de apoyo estatal exterior, atribuyendo la continuidad del servicio al «voluntarismo» de los trabajadores locales.
Desde el Ministerio de Sanidad se ha defendido la gestión del Ingesa, asegurando que la asistencia se ha garantizado en todo momento. La ministra Mónica García ha negado que se haya producido una situación de colapso, subrayando que el sistema ha respondido a la demanda. No obstante, los colectivos profesionales matizan que el funcionamiento del Hospital Universitario se ha mantenido gracias a que el personal ha doblado turnos y ha interrumpido voluntariamente sus periodos de vacaciones, una dinámica que consideran insostenible a medio plazo.
La problemática no se circunscribe únicamente al colectivo médico. El sindicato de enfermería Satse ha calificado la situación de «extrema gravedad», alertando sobre la precariedad de las bolsas de contratación. Según la organización, la dificultad para atraer enfermeras, fisioterapeutas y matronas radica en la inestabilidad de los contratos ofrecidos por el Ingesa, que en ocasiones son de un solo día, lo que empuja a los profesionales formados en la ciudad a buscar plazas en otras comunidades autónomas o en el extranjero.
Por su parte, el sindicato CSIF ha exigido al Ministerio de Sanidad un refuerzo inmediato de las plantillas ante una presión asistencial que califica de excepcional. La organización recuerda que la sanidad en Ceuta —junto con Melilla— es competencia directa del Estado, por lo que instan a la administración central a implementar medidas de contratación de emergencia y protocolos de seguridad reforzados para compatibilizar la atención a los migrantes con la asistencia ordinaria de la población local.
Este conflicto se suma a una serie de movilizaciones que se iniciaron meses atrás. El pasado mes de abril, el Sindicato Médico de Ceuta ya solicitó la dimisión de la ministra García, alegando deficiencias en la gestión del Estatuto Marco y en la negociación de las condiciones laborales de los facultativos. Las actuales discrepancias sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante la crisis migratoria representan un nuevo capítulo en el deterioro de las relaciones entre los profesionales de la ciudad autónoma y la administración sanitaria central.
Finalmente, el Colegio de Médicos ha advertido sobre los riesgos potenciales de salud pública si no se garantiza un seguimiento sanitario adecuado y unas condiciones de higiene óptimas para las personas que permanecen en alojamientos temporales. La comunidad médica insiste en la necesidad de establecer un mecanismo de refuerzo de recursos humanos procedentes de la península para evitar el agotamiento definitivo de las plantillas ceutíes, cuya capacidad de respuesta se encuentra actualmente comprometida.
