La comisión del Senado señala al Gobierno y a Red Eléctrica como responsables del apagón de 2025
La comisión de investigación del Senado sobre el «cero eléctrico» ocurrido el pasado 28 de abril de 2025 ha emitido su informe final, en el que concluye que el incidente no fue un accidente imprevisible, sino el «desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación». El documento, impulsado por la mayoría del Partido Popular en la Cámara Alta, señala como responsables directos de la interrupción del suministro a Red Eléctrica de España (REE), al Gobierno de España —a través del Ministerio para la Transición Ecológica— y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su «inaudita inacción regulatoria».
El informe técnico detalla una tendencia crítica en la estabilidad de la red durante los años previos al apagón. Según los datos recopilados, los episodios de sobretensión en la red eléctrica española sufrieron un incremento exponencial del 367% entre 2021 y 2023, pasando de 30 incidentes anuales a 140 en apenas dos ejercicios. La comisión subraya que este fenómeno era conocido por el operador del sistema, ya que los propios técnicos de Red Eléctrica admitieron en 2023 que la empresa carecía de herramientas suficientes para gestionar los valores elevados de tensión derivados del cambio en el mix energético.
Entre las causas técnicas identificadas por la Cámara Alta se encuentran la alta penetración de energía fotovoltaica, la escasa inercia del sistema, las variaciones bruscas en los intercambios internacionales y el impacto de los precios sobre la generación. El texto resalta que estas circunstancias fueron comunicadas con precisión por escrito por Red Eléctrica antes del suceso, y que incluso en el informe de riesgos de las cuentas anuales de 2024 ya se advertía sobre posibles compromisos en la seguridad del suministro.
Respecto a la responsabilidad del Ejecutivo, la comisión argumenta que el Gobierno mantiene el control absoluto sobre la independencia operativa del sistema. El informe cita la Disposición adicional vigesimotercera de la Ley del Sector Eléctrico para recordar que, además de la participación del 20% a través de la SEPI, el Estado se reserva el control jerárquico del operador mediante el veto en el nombramiento de la dirección, lo que le otorga una «tutela directa» sobre la operación del sistema que, a juicio de los senadores, no se ejerció con la diligencia exigible.
El papel de la CNMC también es objeto de severas críticas en el documento final. El Senado considera que el organismo regulador no actuó como un observador externo, sino como un «actor institucional con competencias específicas que no ejerció en tiempo oportuno». La resolución sostiene que la CNMC conocía los riesgos sistémicos que precedieron al apagón y que su falta de supervisión permitió que el sistema llegara a la fecha del incidente con márgenes de seguridad insuficientes.
Un aspecto relevante de la investigación ha sido la incorporación de registros de audio de los días previos y del momento del apagón. El informe lamenta la «negativa de Red Eléctrica a aportar sus registros de comunicaciones», lo que obligó a la comisión a obtener dicho material a través de las empresas afectadas. Según el texto, esta falta de colaboración supone una «pérdida de confianza pública» en el gestor como garante de la seguridad nacional. Las grabaciones de los días 31 de enero y diversas fechas de abril de 2025 confirmarían que los técnicos ya habían identificado las causas que finalmente desencadenaron el colapso del 28 de abril.
La comisión de investigación fue constituida por acuerdo del Pleno del Senado el 21 de mayo de 2025, tras la conmoción social causada por el apagón. Tras meses de comparecencias y análisis de material reservado, el dictamen final será ahora elevado para su debate, con el objetivo de depurar las responsabilidades políticas y proponer reformas en el andamiaje regulatorio que impidan la repetición de un evento de estas características.
