El Sindicato de Inquilinas denuncia la retirada del altar en homenaje a la mujer desahuciada en Retiro

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado públicamente la desaparición del altar conmemorativo instalado por los vecinos en honor a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su vivienda en el distrito de Retiro. La organización ha manifestado su rechazo ante la retirada de las velas y objetos de recuerdo, advirtiendo que no permitirán que se invisibilice la memoria de la vecina tras siete décadas de residencia en el inmueble.

A través de un comunicado en redes sociales, el sindicato ha reivindicado el legado de la afectada, señalando que, a pesar de la eliminación de los elementos físicos situados frente a la finca, la labor de concienciación sembrada por este caso permanece vigente. La organización, que acompañó a la inquilina durante los últimos siete años de litigio, calificó la acción como un intento infructuoso de borrar el impacto social que el lanzamiento generó en la opinión pública madrileña.

El desahucio se ejecutó en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda después de una prolongada batalla judicial que alcanzó su cuarto intento de lanzamiento. Maricarmen habitaba en dicha vivienda desde el año 1956, amparada por un contrato de alquiler de renta antigua que había sido firmado originalmente por su padre. La finalización de este vínculo contractual y el posterior desalojo pusieron fin a setenta años de permanencia en el domicilio.

Este suceso adquirió una notable relevancia política y social, convirtiéndose en uno de los principales detonantes de las recientes movilizaciones por el derecho a la vivienda en la capital. El caso de Maricarmen motivó, entre otras acciones, una acampada en la Puerta del Sol donde activistas y ciudadanos se concentraron para denunciar la situación de vulnerabilidad de las personas de avanzada edad y exigir una reforma en la protección de los inquilinos frente a los desahucios.

La denuncia del sindicato se produce en un contexto de creciente tensión en el debate sobre la vivienda en Madrid, donde diversos colectivos sociales reclaman medidas urgentes para evitar que situaciones de desprotección en sectores vulnerables de la población desemboquen en lanzamientos judiciales de esta naturaleza.