Sindicatos policiales alertan de deficiencias en el control de seguridad de la regularización extraordinaria de extranjeros
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización Jupol han manifestado su rechazo a los términos operativos bajo los cuales se desarrollará la regularización extraordinaria de migrantes. Ambas organizaciones denuncian que el proceso ha sido diseñado de espaldas a los profesionales de la seguridad ciudadana y advierten que la «externalización» de parte de la tramitación administrativa incrementa los riesgos de fraude y dificulta la verificación fehaciente de identidades y antecedentes penales de los solicitantes.
A través de sendos comunicados, las principales centrales sindicales de la Policía Nacional han recriminado al Gobierno la aprobación de este real decreto sin que medie un consenso previo ni una planificación operativa que refuerce las unidades implicadas. Para los representantes de los agentes, resulta «grave» la decisión de apartar a las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional de las fases iniciales del procedimiento, delegando gestiones en estructuras ajenas al sistema policial, como las oficinas de Correos.
Jupol ha subrayado que esta gestión externa reduce las garantías de un proceso que consideran de alta sensibilidad para el orden público. Según el sindicato, la recogida de solicitudes por entidades civiles limita la capacidad preventiva del Estado, ya que los plazos judiciales y la demora en la resolución de procedimientos internacionales pueden hacer que personas con detenciones recientes o perfiles de riesgo no figuren aún en los registros oficiales de antecedentes en el momento de la solicitud.
Por su parte, el SUP ha incidido en que la falta de una verificación real de antecedentes, especialmente en los casos donde el acceso a la información internacional es limitado, debilita la capacidad de detección de la Policía Nacional. La organización advierte que, si se relajan los controles de seguridad en favor de la agilidad administrativa, la seguridad ciudadana podría verse directamente afectada al no poder asegurar la idoneidad de los beneficiarios de la medida.
Ante este escenario, ambas organizaciones han trasladado una exigencia formal al Ministerio del Interior y al Gobierno de España para que aclaren qué refuerzo de efectivos se destinará a las unidades de Extranjería y Fronteras. Asimismo, solicitan detalles sobre los protocolos tecnológicos que se seguirán para garantizar la comprobación de identidad y el impacto operativo que esta regularización masiva tendrá en las comisarías de todo el territorio nacional.
Finalmente, los sindicatos han aclarado que su postura no se dirige contra la regularización en sí misma, sino contra la metodología empleada para su ejecución. Desde el SUP concluyen que la falta de coordinación europea y la carencia de medios adecuados amenazan con trasladar una presión inasumible a las fuerzas de seguridad, debilitando el sistema de control migratorio del Estado.
