La justicia de Siria condena a muerte al exmandatario Bashar al Asad por crímenes de lesa humanidad
Un tribunal de Siria ha dictado este martes una sentencia de pena de muerte contra el exmandatario Bashar al Asad, quien fuera derrocado en diciembre de 2024. El fallo, emitido en rebeldía debido al actual exilio del procesado en la Federación de Rusia, lo señala como el máximo responsable de la toma de decisiones que derivó en la comisión de crímenes de lesa humanidad, asesinatos premeditados y actos de tortura durante su mandato.
El juez Fakhr al Din al Uryan, titular del tribunal penal número 4 de Damasco, ha sido el encargado de leer la sentencia en la primera sesión pública de este tipo desde el inicio del proceso de transición política. Junto a Al Asad, han sido condenadas otras ocho personas, entre las que destacan su hermano, Maher al Asad, y su primo, Atef Najib. Este último es el único de los principales implicados que se encuentra bajo custodia de las autoridades y estuvo presente en la sala tras su captura en enero de 2025.
La resolución judicial establece que Bashar al Asad instrumentalizó las instituciones del Estado para ejecutar una represión sistemática contra la población civil. Entre los cargos específicos figuran el asesinato intencional de múltiples ciudadanos, incluidos menores de edad, así como la práctica de detenciones arbitrarias y torturas con resultado de muerte. El magistrado enfatizó que la contribución del exmandatario fue determinante por su rol de autoridad suprema en la movilización de las estructuras estatales.
El núcleo de la argumentación judicial se centra en los eventos ocurridos en la ciudad de Deraa en 2011, punto de origen de las protestas antigubernamentales. La sentencia vincula directamente a Atef Najib, entonces jefe de Seguridad Política en dicha región, con el asalto violento a la mezquita de Omari. Según las investigaciones y los testimonios recabados, Najib ordenó la detención y tortura de niños que realizaron grafitis contra el gobierno, acción considerada por los analistas como el catalizador del conflicto civil que se prolongó por 14 años.
Además de los tres principales acusados, la pena capital ha sido extendida a otros seis altos cargos que se encuentran actualmente prófugos de la justicia. Todos ellos han sido hallados culpables de asesinato premeditado y tortura agravada. El juicio, que se considera un hito en el periodo de justicia transicional del país, inició formalmente el pasado 26 de abril y ha constado de nueve audiencias públicas hasta alcanzar el veredicto actual.
A la sesión de lectura de la sentencia asistieron figuras clave del nuevo orden institucional, como el Fiscal General Hasan al Turbeh y Abdulbaset Abdullatif, jefe de la Comisión de Justicia Transicional. Asimismo, la audiencia contó con la presencia de representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales, además de familiares de las víctimas que han formado parte del proceso judicial como testigos y querellantes.
Con este fallo, el sistema judicial sirio busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de mando en casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No obstante, la ejecución de la mayoría de las penas de muerte queda supeditada a las posibles órdenes de extradición o captura internacional de los sentenciados que permanecen fuera del territorio nacional.
