Expertos proponen aumentar la oferta residencial y agilizar los plazos urbanísticos para resolver la crisis de vivienda

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha acogido la jornada «Nuevas soluciones a los viejos problemas de la vivienda: una propuesta de incremento de la oferta desde el derecho público y privado», un encuentro donde académicos, juristas y representantes del sector empresarial han coincidido en la necesidad de aumentar la oferta residencial, reducir los plazos de gestión del suelo y reforzar la seguridad jurídica. Durante el evento, organizado por el Grado en Derecho de la UFV, se han planteado fórmulas alternativas al alquiler y la compra tradicionales como vía para mitigar el actual déficit habitacional en España.

En la apertura institucional, Ana de Miguel, consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), ha subrayado que la solución prioritaria pasa por actuar de forma intensiva sobre la oferta. De Miguel ha defendido la puesta en marcha de iniciativas que permitan construir masivamente para cerrar la brecha entre la demanda y la producción actual, apelando a una colaboración estrecha entre las administraciones públicas y el sector privado. Asimismo, ha reclamado una legislación consensuada que aporte garantías tanto a los promotores como a los inquilinos y compradores.

Por su parte, Javier de Cendra, decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la UFV, ha destacado el papel de la institución académica como un espacio para el análisis riguroso y distanciado de intereses directos. De Cendra ha recordado que la vivienda no es únicamente un bien de mercado, sino una condición esencial para la estabilidad familiar y laboral. En este sentido, ha abogado por abordar el problema desde la complejidad que requiere la construcción de un hogar y la pertenencia a una comunidad.

Desde la perspectiva de la industria, Daniel Cuervo, director general corporativo de Vía Ágora, ha denunciado la excesiva duración de los desarrollos urbanísticos, citando casos donde la gestión del suelo se ha prolongado durante dos décadas. Cuervo ha defendido la necesidad de reducir estos plazos a un máximo de tres o cuatro años y ha señalado la industrialización de la construcción como una herramienta clave para afrontar la falta de mano de obra y el incremento de los costes. En esta misma línea, Javier Gómez Gálligo, registrador de la Propiedad, ha instado a una flexibilización de las licencias y a una reducción de las unidades de actuación bajo un marco de mayor libertad económica.

El debate sobre el derecho público ha introducido propuestas para movilizar el suelo de forma más ágil. Felipe Iglesias González, catedrático de Derecho Administrativo, ha calificado el modelo actual de «urbanismo hiperdeterminista» y ha reclamado mecanismos de gestión más rápidos. Otros expertos, como Ignacio Muñoz Llinás y Carlos Lora, han sugerido recuperar las concesiones patrimoniales y el derecho de superficie, fórmulas que permitirían a la Administración mantener la titularidad del suelo mientras el sector privado gestiona viviendas asequibles de forma temporal.

La fiscalidad ha sido señalada como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de vivienda protegida. Miguel de Haro Izquierdo, socio de Pérez de Ayala Abogados, ha afirmado que el sistema tributario actual no incentiva el arrendamiento y supone un coste elevado para el promotor. Los ponentes han sugerido estudiar modelos aplicados en Francia o Reino Unido para implementar beneficios fiscales que faciliten la puesta en el mercado de inmuebles ya existentes.

Finalmente, se han analizado figuras jurídicas alternativas como la propiedad compartida y la propiedad temporal, reguladas en Cataluña desde 2015. Gema Caballé, subdirectora de la Cátedra Unesco de Vivienda, ha explicado que estas fórmulas permiten acceder a la propiedad con menor endeudamiento, aunque ha reconocido que su desarrollo es limitado por el desconocimiento y la falta de financiación específica. María Goñi, profesora de la UFV, ha advertido sobre el auge del alquiler de habitaciones, calificándolo como un síntoma de la precariedad del mercado y una respuesta a la imposibilidad de acceder a una vivienda completa.

La jornada ha concluido con un llamamiento a la interdisciplinariedad. Sofía Borgia Sorrosal, directora del Grado en Derecho de la UFV, ha recalcado que la crisis habitacional requiere una respuesta coordinada que involucre a expertos en derecho civil, administrativo y fiscal, así como a bancos y promotores, para articular políticas públicas efectivas que transformen el actual panorama legislativo y económico.