La plataforma SOS Rural ha entregado este jueves más de 70.000 firmas ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La iniciativa insta a la Administración central y a los 17 gobiernos autonómicos a implementar un Plan Rural de Choque de carácter urgente para combatir los grandes incendios forestales, ante lo que consideran un agotamiento del modelo preventivo actual en España.
Según datos del MITECO citados por la organización, la superficie forestal afectada en el territorio nacional entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2026 asciende a 173.651,46 hectáreas. Esta cifra representa un incremento notable respecto al mismo periodo de 2025, año en el que se quemaron 20.466,25 hectáreas, y refuerza la tendencia de siniestralidad registrada por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que ha contabilizado más de 1,35 millones de hectáreas arrasadas en la última década.
La propuesta de la plataforma aboga por un cambio de paradigma que priorice la prevención sobre la extinción. Para ello, SOS Rural solicita facilitar las condiciones del sector primario como herramienta para revertir el abandono del campo. Según los informes técnicos presentados, la falta de rentabilidad y de relevo generacional en el mundo rural ha dejado sin aprovechamiento 2,32 millones de hectáreas en el último lustro, generando una acumulación de masa vegetal que actúa como combustible durante la temporada estival.
Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, ha apelado a la responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de la Administración. Corbalán ha instado al Gobierno de España y a las comunidades autónomas a superar las barreras competenciales para sentarse en una mesa común. El objetivo es alcanzar un acuerdo extraordinario que cuente con presupuesto propio, medidas identificables y una coordinación técnica que refuerce la financiación y el apoyo de la Administración General del Estado hacia las regiones.
El plan de acción propuesto se articula en un decálogo de diez puntos estratégicos. Entre las medidas principales figuran el blindaje de la inversión en prevención, el incentivo del pastoreo y la ganadería extensiva para el mantenimiento del sotobosque, y el reconocimiento legal de agricultores y ganaderos como agentes de prevención. Asimismo, la plataforma exige el refuerzo de la Ley de Montes para prohibir de forma estricta la recalificación de suelos incendiados y el mantenimiento continuo de infraestructuras críticas como cortafuegos y puntos de agua.
Finalmente, el colectivo ha solicitado reuniones de carácter urgente con representantes del MITECO y del gobierno madrileño para acelerar la tramitación de estas propuestas. El modelo defendido se inspira en sistemas de gestión forestal activa, como el de la provincia de Soria, donde la diversificación de aprovechamientos sostenibles y la implicación de la población local han demostrado ser eficaces para reducir la vulnerabilidad del territorio frente al fuego.
