Queda desierta la subasta del ático de la Comunidad de Madrid en Chamberí por falta de ofertas
La subasta pública del ático adquirido por la Comunidad de Madrid en el distrito de Chamberí ha concluido este jueves sin que se haya presentado ninguna oferta de compra. El inmueble, gestionado por la empresa pública Planifica Madrid, salió a la venta con un precio de salida de 6,7 millones de euros, después de que el Ejecutivo regional decidiera desprenderse de la propiedad tras la controversia generada por su adquisición original.
La vivienda fue comprada por la administración autonómica el pasado 14 de abril por un importe de 6,3 millones de euros. Aunque la operación se formalizó en el primer cuatrimestre del año, los detalles de la misma no trascendieron hasta finales del mes de julio. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, vinculó inicialmente la compra a la necesidad de contar con una sede provisional para oficinas durante las obras de reforma previstas en la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia del Gobierno madrileño.
Ante las críticas recibidas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció posteriormente la salida a subasta del inmueble con el compromiso de destinar los fondos obtenidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales ocurridos durante el verano. No obstante, la ausencia de licitadores en este primer proceso impide, por el momento, la enajenación del activo y el cumplimiento de dicho compromiso presupuestario.
Coincidiendo con el cierre del plazo de la subasta, Planifica Madrid ha publicado parte del expediente administrativo que justifica la compra inicial de la vivienda. Según la memoria de necesidad incluida en la documentación, el objetivo del inmueble era disponer de un espacio institucional que contara con áreas de trabajo, zonas de descanso y alojamiento ocasional para autoridades de visita o para los propios miembros del Ejecutivo regional. El documento también contemplaba su utilización operativa en situaciones de emergencia o crisis de carácter prolongado.
La operación ha sido objeto de debate político en la Asamblea de Madrid, donde los grupos de la oposición han cuestionado tanto el procedimiento de urgencia como el posible uso residencial de la finca. Mientras que el Gobierno regional defiende la transparencia de la operación y la utilidad institucional que se proyectó originalmente, la falta de compradores en el mercado inmobiliario de lujo deja en suspenso el futuro uso o venta de la propiedad en el corto plazo.
