Las administraciones públicas destinan 1,5 millones de euros a una entidad vinculada al activismo por la vivienda en Cataluña
El Institut de Recerca Urbana (IDRA), entidad que comparte cuadros directivos y fundacionales con el Sindicat de Llogateres de Barcelona, ha percibido un total de 1.507.108,4 euros en subvenciones y ayudas públicas entre los años 2022 y 2026. Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el grueso de esta financiación proviene de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, situando a la organización como un actor con capacidad de influencia en el diseño de las políticas públicas habitacionales.
La mayor parte de los fondos recibidos, que asciende a 1.327.078,92 euros, ha sido otorgada por la administración autonómica catalana —específicamente a través de la Consejería de Empresa y Trabajo— y por el consistorio barcelonés mediante la modalidad de subvenciones directas. A este montante se añaden otras dos partidas de carácter estatal: 174.029,48 euros procedentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y 6.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
IDRA, que anteriormente operaba bajo la denominación de Hidra Cooperativa, consta en el registro de grupos de interés de la Generalitat de Cataluña. Según consta en el portal de Transparencia, la entidad está habilitada para influir, directa o indirectamente, en la elaboración y aplicación de políticas públicas. La estructura de la organización cuenta con perfiles que desempeñan roles simultáneos en el activismo social; Jaime Palomera, cofundador de ambas entidades, ejerce como director del área de vivienda en IDRA, mientras que Carme Arcarazo compagina su labor de investigadora en el centro con la portavocía del Sindicat de Llogateres.
La cuantía de estas ayudas contrasta con la financiación directa que percibe el Sindicat de Llogateres. Los registros públicos indican que la central sindical únicamente ha recibido una subvención de 5.210 euros en 2024 por parte del Departamento de Presidencia de la Generalitat. Esta diferencia presupuestaria ha suscitado análisis por parte de plataformas de fiscalización del erario público, que señalan la existencia de un ecosistema de entidades vinculadas donde la actividad de investigación y consultoría capta el grueso de los recursos institucionales frente a la actividad puramente sindical.
En el ámbito nacional, la base de datos del Ministerio de Hacienda confirma que la Comunidad de Madrid no ha otorgado financiación alguna a IDRA, al Sindicat de Llogateres ni al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. A pesar de la autonomía administrativa de estas organizaciones, ambas mantienen una coordinación estratégica en la convocatoria de movilizaciones y en la interlocución política con los grupos parlamentarios para la validación de decretos estatales en materia de vivienda y control de rentas.
El centro de investigación IDRA define su actividad en sus canales oficiales como la creación de herramientas para democratizar el acceso a la vivienda y promover la justicia social. Su labor técnica y de análisis se desarrolla de forma paralela a la presencia mediática y de protesta del sindicato, consolidando un modelo de incidencia que combina la investigación académica y el activismo de base en el sector inmobiliario catalán.
