Sumar solicita aplicar la Ley de Partidos para impedir la actividad de Núcleo Nacional

La portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comuns, Aina Vidal, ha reclamado este martes en el Congreso de los Diputados la aplicación de la Ley de Partidos Políticos contra la organización denominada Núcleo Nacional. La petición busca evitar que este colectivo, al que la parlamentaria ha calificado como un «reducto fascista», pueda operar de manera efectiva como formación política tras su reciente inscripción en el registro oficial del Ministerio del Interior.

La organización en cuestión, vinculada a las movilizaciones ocurridas frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, consta en el registro de partidos desde el pasado mes de febrero bajo la denominación de Noviembre Nacional. Según los datos aportados durante la comparecencia, la formación está presidida por un antiguo integrante de Democracia Nacional y ha mantenido una actividad pública que, según Vidal, se sitúa «al margen de cualquier ley que pueda concebir este país».

En su argumentación, la representante de Sumar ha señalado que el grupo se posiciona de forma explícita fuera del respeto a los Derechos Humanos y los derechos de colectivos vulnerables, incluyendo a mujeres, personas migrantes y el colectivo LGTBI. Vidal ha denunciado asimismo que la formación considera la violencia como una vía legítima de expresión para imponer sus posiciones políticas en el debate público.

A pesar de haber manifestado en ocasiones anteriores su discrepancia con el espíritu de la actual Ley de Partidos —normativa que permitió la ilegalización de siglas de la izquierda abertzale—, Vidal ha defendido su uso en este escenario. La diputada ha instado a las instituciones a actuar con firmeza frente a lo que define como una «banda» que emplea métodos de ocultación, como el uso de máscaras, para evitar la identificación en el marco de las actividades que realizan.

Finalmente, la portavoz ha animado a la ciudadanía y a los actores institucionales a denunciar las actuaciones de este grupo con el fin de evitar que su estructura organizativa se consolide legalmente. La solicitud se produce en un contexto de vigilancia por parte de diversos grupos parlamentarios sobre la proliferación de colectivos de extrema derecha que buscan acceso al registro oficial de partidos políticos.