El Gobierno autoriza la prórroga de la central de Almaraz hasta 2030 entre críticas de Sumar

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha oficializado la renovación de la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta el 8 de junio de 2030. La resolución administrativa ha provocado una reacción inmediata de Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, que ha manifestado su «más absoluta disconformidad» con una medida que consideran contraria al acuerdo de coalición y al avance de la transición energética en España.

La formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz sostiene que la continuidad de la planta extremeña responde a presiones del sector energético y no a criterios de necesidad técnica o medioambiental. Según los portavoces de Sumar, la prolongación de la vida útil de Almaraz supone un retraso en los objetivos de descarbonización y encarece el precio de la energía, al tiempo que impone a la sociedad riesgos y costes operativos que, a su juicio, son inaceptables en el contexto actual.

El ministro de Cultura y portavoz de Comuns, Ernest Urtasun, ha calificado la decisión de «error estratégico» que altera el calendario de cierre pactado. Urtasun ha advertido que esta prórroga distorsiona las previsiones de inversión de los operadores de energías renovables, quienes habían planificado sus infraestructuras bajo la premisa del cese de actividad de las centrales nucleares conforme al cronograma establecido. Para el ministro, el Gobierno ha «cedido ante el oligopolio energético» en detrimento de la soberanía energética basada en fuentes limpias.

Desde el punto de vista de la seguridad y la fiscalidad, Sumar ha denunciado que los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reflejan incumplimientos en la materia por parte de las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). En este sentido, han reclamado que se garanticen las tasas correspondientes para que el coste real de la gestión de residuos y el futuro desmantelamiento sea asumido íntegramente por las eléctricas y no se traslade a la ciudadanía. Además, han solicitado una auditoría de las cuentas de Enresa para asegurar la transparencia en los fondos destinados al tratamiento de desechos radiactivos.

Finalmente, el socio de Gobierno ha instado a la aprobación de un plan de transición económica y productiva para el entorno de la central. La propuesta busca diversificar el tejido industrial de Extremadura mediante inversión pública en almacenamiento energético e integración de renovables, con el objetivo de generar empleo estable y de calidad. Según la formación, la región requiere de políticas industriales adaptadas a las necesidades del siglo XXI para evitar la dependencia de infraestructuras en fase de obsolescencia.