El Tribunal Supremo ampara al alertador de Iberdrola y revoca su condena por revelación de secretos

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que revoca la condena impuesta a José Antonio del Olmo, exdirectivo de Iberdrola, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos empresariales. El Alto Tribunal valida la actuación de Del Olmo bajo la figura de «alertador» (whistleblower), al considerar que su denuncia sobre supuestas irregularidades en pagos a empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo se ajusta a la protección legal vigente.

El fallo, fechado el pasado 9 de septiembre, anula las resoluciones previas del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao y de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Aquellas sentencias habían ratificado la postura de Iberdrola, que sostenía que el antiguo responsable de Control Corporativo se había apropiado de información confidencial relativa a la seguridad de la compañía para difundirla públicamente a partir de octubre de 2019.

La controversia jurídica tiene su origen en diciembre de 2004, cuando Del Olmo depositó ante notario un documento en el que advertía de anomalías en el abono de facturas a las sociedades Casesa y Cenyt, esta última vinculada directamente a Villarejo. Mientras que la eléctrica defendió durante el proceso que el documento era una fabricación falsa del propio exdirectivo, el Tribunal Supremo ha determinado ahora que la actuación fue lícita en aplicación de la Directiva Europea de protección de denunciantes.

En su fundamentación, el Supremo argumenta que la normativa no exige que el informante mantenga su relación laboral con la empresa ni que utilice obligatoriamente los canales internos de denuncia, reconociendo el temor a posibles represalias como un factor válido para acudir a otras vías. Según la Sala, para que un trabajador reciba protección basta con que tenga «sospechas razonables» sobre la existencia de infracciones reales o potenciales dentro de la organización.

El tribunal enfatiza que el cargo de «controller» que desempeñaba Del Olmo justifica que, al apreciar irregularidades, decidiera custodiar la documentación y elevarla a una notaría. Para los magistrados, esta conducta no constituye una violación de secretos empresariales, sino un ejercicio de responsabilidad profesional orientado a la transparencia y la legalidad.

Este pronunciamiento judicial se enmarca en un contexto de causas cruzadas en la Audiencia Nacional. En 2024, el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 acordó la apertura de juicio oral contra el excomisario Villarejo, su socio Rafael Redondo y el exjefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, por cohecho y falsedad documental. Por su parte, aunque el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, vio ratificado su sobreseimiento libre en 2023, la compañía continúa figurando como responsable civil subsidiaria en el marco de las investigaciones sobre los encargos al grupo Cenyt.