El Tribunal Supremo convoca una vista sobre el control electoral de las nacionalizaciones por la ‘ley de nietos’
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 7 de septiembre la celebración de una vista oral y pública para debatir las medidas cautelares solicitadas contra los efectos electorales de las nacionalizaciones tramitadas bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’. El tribunal analizará el recurso interpuesto por el partido político Iustitia Europa contra la gestión del censo exterior.
El recurso contencioso-administrativo impugna el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central (JEC), de 16 de julio de 2026, mediante el cual el órgano arbitral se declaró incompetente para fiscalizar las incorporaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de esta normativa. Los recurrentes sostienen que es necesario someter a control los efectos censales de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) antes de futuros procesos electorales.
La formación demandante ha solicitado como medida cautelar principal la suspensión provisional de las altas en el CERA vinculadas a estos expedientes de nacionalidad mientras se verifica su legalidad. Como peticiones subsidiarias, el recurso reclama la identificación separada de dichas incorporaciones, la realización de una auditoría técnica y la conservación íntegra de todos los expedientes, registros electrónicos y metadatos generados en las oficinas consulares durante el proceso.
Los argumentos esgrimidos ante el Alto Tribunal subrayan la ausencia de una cifra exacta de altas y la falta de información detallada sobre su distribución territorial o la vía de adquisición de la nacionalidad. Según el escrito de impugnación, la propia JEC habría reconocido anteriormente que la información proporcionada por la Oficina del Censo Electoral era insuficiente para resolver determinados extremos sobre la trazabilidad de los nuevos inscritos.
El Tribunal Supremo ha justificado la convocatoria de esta vista oral destacando «la relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas que han sido planteadas». Previamente, la Sala ha requerido a la Junta Electoral Central la remisión del expediente administrativo completo. La comparecencia del 7 de septiembre permitirá a las partes debatir si procede la adopción de medidas de control adicionales mientras se resuelve el fondo del recurso.
Este procedimiento representa uno de los primeros controles jurisdiccionales sobre el impacto electoral de la aplicación masiva de la Ley de Memoria Democrática. Dicha norma permite la adquisición de la nacionalidad española a descendientes de exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia, lo que ha derivado en miles de expedientes tramitados en el extranjero y un notable incremento del censo de residentes ausentes.
