El Tribunal Supremo analiza la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de inmigrantes
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebra este viernes una serie de vistas para decidir sobre la posible suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España. El Alto Tribunal analiza los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el partido político Vox y diversas asociaciones, quienes solicitan la paralización inmediata del proceso administrativo mientras se resuelve el fondo de las impugnaciones presentadas contra el Real Decreto.
Las comparecencias, que han dado comienzo a las 11:00 horas, se desarrollan de forma sucesiva para atender las alegaciones de los cinco recurrentes: el Gobierno regional de Madrid, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y la Asociación Libertad y Justicia. El objetivo de estas sesiones es determinar si la ejecución de la norma, que busca regularizar a unas 500.000 personas, debe ser frenada antes de que expire el plazo de solicitudes el próximo 30 de junio.
El Real Decreto que regula este proceso entró en vigor el pasado 16 de abril. Según las cifras oficiales manejadas en el procedimiento, durante las dos primeras semanas de vigencia se contabilizaron aproximadamente 200.000 peticiones de residencia y trabajo. El Alto Tribunal ya desestimó anteriormente una solicitud de medida «cautelarísima» al no apreciar la urgencia excepcional requerida para suspender la norma sin escuchar previamente a todas las partes implicadas.
Los argumentos de los recurrentes se centran en el impacto estructural de la medida. La Comunidad de Madrid sostiene que la regularización afecta gravemente a la prestación de servicios públicos básicos al no contar con financiación o medios adicionales para las autonomías. En una línea similar, Vox argumenta que la norma podría provocar un colapso en la asistencia social y dificultades en el acceso a la vivienda, mientras que otras organizaciones alegan que el proceso constituye un «fraude de ley» que generaría perjuicios irreparables para el interés nacional.
Por su parte, la Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, defiende la plena legalidad y conveniencia de la medida. En sus escritos de oposición, sostiene que la suspensión del Real Decreto dañaría el interés general y rechaza el riesgo de colapso de los servicios públicos, argumentando que los potenciales beneficiarios ya residen en España y hacen uso de dichos servicios. El Gobierno enfatiza que la regularización facilitará la integración laboral y supondrá un incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Tras la finalización de las vistas de este viernes, los magistrados deberán deliberar y dictar un auto en los próximos días que confirme la continuidad del proceso o, por el contrario, ordene su paralización preventiva. Esta decisión resulta clave para el calendario administrativo, dado que el proceso de regularización se encuentra actualmente en su fase central de recepción y tramitación de expedientes.
