El Tribunal Supremo admite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la regularización extraordinaria de inmigrantes
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado recientemente por el Gobierno de España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado traslado de la demanda a la Abogacía General del Estado, que dispone ahora de un plazo de cinco días para presentar alegaciones respecto a las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo regional.
La impugnación, formalizada el pasado viernes por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, incluye una petición de suspensión cautelar del real decreto. Según consta en el documento judicial, la administración autonómica fundamenta su recurso en que la medida estatal afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños, al considerar que se ha aprobado sin articular los mecanismos de financiación ni de provisión de medios necesarios para su ejecución en las comunidades autónomas.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha detallado este miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, los motivos jurídicos y técnicos de la demanda. Desde la administración regional se sostiene que la normativa estatal contraviene los pactos de la Unión Europea en materia de migración y seguridad, señalando posibles riesgos para la estabilidad de los servicios esenciales de competencia autonómica.
Entre las deficiencias señaladas por el Ejecutivo madrileño, destacan los criterios establecidos para acreditar el arraigo, que el real decreto sitúa en un periodo de estancia de cinco meses en territorio nacional. Asimismo, el Gobierno regional ha expresado su disconformidad con la posibilidad de que personas con antecedentes penales o en situación de prisión provisional puedan acceder al proceso de regularización, calificando este aspecto como una vulneración de los estándares de seguridad administrativa.
La postura oficial de la Comunidad de Madrid, defendida por el consejero García Martín, aboga por un modelo de inmigración legal, ordenada y vinculada directamente al empleo. Con la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo, el proceso judicial entra en su fase inicial, donde se determinará en primera instancia si se suspende la aplicación del decreto de forma temporal mientras se resuelve el fondo del asunto.
Este movimiento jurídico profundiza el conflicto competencial entre la administración central y la autonómica respecto a la gestión migratoria y la suficiencia financiera de los servicios públicos afectados por el incremento de la población regularizada. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, deberá justificar la legalidad y la cobertura presupuestaria de la norma ante el alto tribunal en el plazo estipulado.
