El Tribunal Supremo mantiene el derecho al voto de los hijos de nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado la solicitud de medidas cautelares interpuesta por Vox e Iustitia Europa, quienes pretendían extender la suspensión del derecho al voto a los hijos de ciudadanos nacionalizados a través de la denominada «Ley de Nietos». El alto tribunal ha fundamentado su decisión en criterios de seguridad jurídica y estabilidad electoral ante la proximidad de los comicios generales, fijados para el próximo 29 de noviembre.

La resolución judicial establece que estos ciudadanos podrán ejercer su derecho al sufragio, a pesar de que el propio Tribunal Supremo mantiene vigente la suspensión cautelar del voto para sus progenitores, los beneficiarios directos de las leyes de memoria aprobadas en el Congreso. La decisión ha generado reacciones contrapuestas entre el Ejecutivo y las organizaciones demandantes, marcando el debate político en la recta final de la precampaña.

Desde el Gobierno han valorado positivamente el auto judicial, calificándolo como un límite a lo que consideran una estrategia de organizaciones de derecha para cuestionar la integridad del sistema electoral. Fuentes de Moncloa han manifestado que la decisión supone un freno a los intentos de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y han defendido la robustez del sistema de votación español, al que han descrito como uno de los más garantistas a nivel internacional.

No obstante, el Ejecutivo ha expresado un matiz crítico respecto a la situación de los padres de estos ciudadanos, quienes continúan con el derecho al voto suspendido. La representación gubernamental ha manifestado su confianza en que la decisión definitiva del tribunal ampare finalmente los derechos de todos los nacionalizados bajo este marco legal, rechazando las comparaciones con procesos electorales de otros países que buscan sembrar dudas sobre el censo.

Por su parte, el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha criticado la resolución al considerar que el tribunal ha perdido una oportunidad de garantizar la limpieza del proceso electoral. Según la formación, si existe un fraude en la adquisición de la nacionalidad de origen por parte de los padres, este debería invalidar automáticamente los derechos derivados de sus descendientes. Vox sostiene que se trata de un «fraude masivo» diseñado para alterar el equilibrio en las urnas.

En la misma línea se ha pronunciado Iustitia Europa, organización que ha anunciado su intención de recurrir la negativa de la Sala. La entidad se apoya en la existencia de un voto particular discrepante dentro del tribunal, en el cual un magistrado advierte que corregir el censo electoral con posterioridad a la celebración de las votaciones podría resultar ineficaz para garantizar la legitimidad del resultado.

Con este escenario jurídico, el sistema electoral español encara la jornada del 29 de noviembre con la validación judicial de este sector del electorado, mientras el Tribunal Supremo continúa analizando el fondo de la cuestión sobre las supuestas irregularidades en las nacionalizaciones tramitadas bajo la legislación de memoria democrática.